¿Y la legislación medioambiental?

El pasado 25 de agosto, una corte de apelaciones federal de Estados Unidos rechazó un fallo por daños punitivos en contra de la empresa Exxon Mobil Corp por el accidente del petrolero Exxon Valdez. Esto significa que de la multa inicial que tenía que pagar la empresa (5.000 millones de dólares) sólo va a tener que pagar una fracción, si es que llega en algún momento a abonar alguna cantidad.

El fallo se basa en una ley estadounidense que indica que no se puede pagar una multa mayor que los daños reales. Los tribunales han cifrado el daño real en 287 millones de dólares, una cifra irrisoria. Pero es que Exxon lo ha cifrado en 25 millones de dólares lo que ha despertado la indignación de la comunidad científica y de los principales afectados por el accidente. Lo que fue una multa ejemplar ha pasado a ser una broma.

El 24 de marzo de 1989 el petrolero Exxon Valdez encalló en la bahía de Prince William (Alaska) vertiendo al mar más de 40.000 toneladas de petróleo. Algunas cifras giran en torno a 2.000 los kilómetros de costa afectados y el impacto medioambiental fue incalculable. La empresa propietaria del barco, Exxon Mobil Corp, fue obligada a pagar una multa sin igual: 5.000 millones de dólares. Catorce años después aún no se ha abonado ni un solo céntimo y todo apunta a que seguirá así.

El accidente del Exxon arruinó la pesca, la caza y atacó de forma mortal a gran parte de la flora autóctona, mientras que el valor de los bienes inmuebles de los habitantes de la zona se redujo hasta casi llegar a cero. A día de hoy perduran los estudios para averiguar el impacto sobre los animales. Por sus ciclos reproductivos, no se pudo saber en el momento cómo les afectó el accidente. El arenque del Pacífico, por ejemplo, está en clara decadencia y casi se le da por perdido.

Fue la primera vez que se responsabilizó a una compañía por contaminación de hidrocarburos en el mar, pero todo cambió en el año 2002: la multa inicial a Exxon se redujo mil millones de dólares. Los argumentos empleados por la empresa fueron que ya había invertido una gran cantidad de dinero en la zona afectada: 2.200 millones de dólares en las tareas de limpieza y más de 300 destinados a 11.000 personas y empresas como indemnización. Exxon no barajó en ningún momento la idea de que esos gastos tenían que ser obligatorios, debían correr por su cuenta ya que fue la empresa responsable del accidente. Además, una vez demostrado que el estado del barco no era el adecuado, siguió navegando bajo el nombre de Sea River Mediterranean hasta que la empresa Sea River Martine, subsidaria de Exxon, lo jubiló. Esta reducción dio ánimos renovados a Exxon y siguió adelante con nuevas apelaciones y recursos.

El problema es que con estas decisiones se sienta un precedente muy peligroso. En primer lugar, han pasado catorce años desde el accidente, demasiado tiempo para que no haya una sentencia definitiva. Aparte, muchas empresas petroleras van a tener el caso del Exxon Valdez como ejemplo de lo que deben realizar para no abonar las sanciones. Cuando alguien se equivoca, tiene que pagar las consecuencias. La multa de 5.000 millones de dólares era la mejor forma de reducir el número de estos accidentes ya que podían desaparecer de las aguas los petroleros monocasco o los barcos de bandera de conveniencia. Así, al reducir la cuantía, no se consigue nada y pone en entredicho la justicia ya que defiende a los infractores.

El medio ambiente, en los últimos años de desarrollo económico explosivo, ha pasado a ser el mero escenario donde se desarrollan todo tipo de actividades. Se cambia cuando no es adecuado para la construcción de una carretera; se expolia cuando produce beneficios. Y si por error se le daña, no pasa nada. ¿Para cuándo un organismo internacional con una legislación eficaz y con sentencias adaptadas a la gravedad de los atentados ambientales?