El habitante del sudeste tiende a considerar a la población y el
territorio brasilero como un tesoro fácil de explorar -cosa que solo
impide la corrupción y la ineficiencia- o más frecuentemente como una
especie de obligación, pues "el Brasil es muy grande, tiene mucha
gente". En general, este habitante no tiene conciencia de las ventajas
de un territorio continental ni de una gran población.
La Amazonia ocupa el 60% del territorio terrestre brasilero (cerca de
cinco millones de kilómetros cuadrados) y está habitado por apenas el
11% de la población total del país, concentrada en dos centros urbanos,
Belén y Manaos.
En la Amazonia se encuentra la selva tropical más extensa del mundo con
la mayor biodiversidad del planeta, el mayor reservorio de agua dulce
conocido y recursos minerales extraordinarios, cuyo enorme volumen no
conocemos con precisión, pues apenas un 10% del territorio amazónico ha
sido relevado geológicamente. La Amazonia tiene el 85% del total de la
frontera terrestre del Brasil, 13.190 kilómetros, nuestros límites con
seis países sudamericanos y con Francia.
Por su parte, el nordeste es la región más habitada y más antigua del
territorio brasilero, donde viven y sobreviven en condiciones de
pobreza crónica -en la región semiárida y en las periferias urbanas
miserables- cerca del 22% del pueblo brasilero, en un territorio con
dos millones de Km2, casi el 25% del territorio nacional. En un régimen
climático en gran parte semiárido y con mucha irregularidad pluvial,
para cuyos desafíos pueden existir soluciones menos complejas,
inclusive por la ausencia de interacción con otros países. A pesar de
todas las dificultades de organización geoeconómicas del nordeste,
enfrentar el desafío amazónico tal vez sea el problema más complejo y
más urgente para el estado brasilero y el reto más decisivo para el
futuro de la sociedad brasileña. Por lo tanto este problema debería
recibir una atención prioritaria que nunca ha existido.
El contexto internacional de la Amazonia
Hoy, mucho más de lo que sucedía en un pasado reciente, el contexto
internacional para el Brasil y en particular para la Amazonia, tiene
una influencia decisiva sobre el futuro de país y de la región. En este
contexto operan los siguientes factores:
La situación política, social, económica y militar en los seis países que lindan con la Amazonia
♦ La presión internacional para controlar la Amazonia, ejercida a
través de agencias internacionales, de ONGs, y la estrategia
divisionista de estados extranjeros con patrones de consumo y
producción insustentables y de grandes recursos tecnológicos y
financieros.
♦ El tráfico internacional de drogas y sus efectos sobre el sistema financiero y político.
♦ La presencia militar y la acción norteamericana en los países vecinos.
♦ Las políticas económicas contraccionistas y de corte
antidesarrollista de los gobiernos federales que dificultan la
realización de programas de desarrollo en las regiones atrasadas.
♦ La omisión a veces interesada del Estado frente a las acciones de las
grandes empresas nacionales y extranjeras, principales responsables de
la deforestación amazónica. La situación en los países vecinos es
crítica en todos los aspectos. Después de años de neoliberalismo
económico y democracia formal y de la recolección del fruto ilusorio de
la estabilidad de sus monedas, los indicadores económicos y sociales
revelan la persistencia de situaciones estructurales que están en la
raíz de los conflictos que irrumpen con mayor frecuencia en la región.
En las fronteras más al sur de Brasil, la situación podría tornarse
semejante, aunque no tan grave, lo que pareciera a primera vista no
afectar a la Amazonia. Sin embargo, debido a los vínculos entre la
economía brasileña y los países vecinos del sur, las dificultades para
superar crisis económicas o inestabilidad social tendrían profundas
consecuencias para la economía y las políticas económicas brasileñas,
lo que a su vez reduciría todavía más la capacidad del Estado brasilero
para actuar en la Amazonia e iniciar el enfrentamiento sistemático a
sus desafíos.
Las políticas económicas en los países de América del Sur han sido muy
semejantes por tener una inspiración común en los principios del
Consenso de Washington, articulado entre la academia, las megaempresas
multinacionales, los organismos internacionales y del gobierno de los
EE.UU., como solución para Latinoamérica.
Han promovido la apertura y la desregulación de la economía a través de
la reducción de tarifas arancelarias y la liberalización cambiaria; la
reducción de la capacidad de acción del Estado; la privatización
radical; el ajuste fiscal riguroso e implacable; las políticas de
anclaje cambiario; la flexibilización de los mercados de trabajo; la
eliminación de reservas de mercado para el capital local y el
tratamiento privilegiado al capital extranjero. En resumen: el Consenso
abogaba por el libre juego de las fuerzas del mercado en todos los
mercados, con un perfil favorable a lo extranjero y a las empresas
megamultinacionales, sin ninguna distinción ante la complejidad propia
de cada región.
En el campo político todos los Estados de la región fueron inducidos a
promover reformas para aumentar el poder de los ejecutivos regionales
-inclusive adoptando la posibilidad de elección presidencial por dos (y
solamente dos ) mandatos consecutivos- a reducir la influencia política
de los Congresos (y de los pueblos) que tendrían supuestamente una
naturaleza corporativa, atribuyendo poderes legislativos a los
ejecutivos y creando agencias tecnocráticas -las llamadas agencias
reguladoras de naturaleza económica- para reformar los sistemas
legislativos a fin de disciplinarlos y encuadrarlos en apoyo a las
"nuevas" políticas; a reducir el número de efectivos y la influencia de
las fuerzas armadas, cuya tendencia nacionalista podría perjudicar la
ejecución de la nueva estrategia económica neoliberal.
Las políticas ejecutadas por los gobiernos neoliberales en América del
Sur y en la región Amazónica no tenían que ver con la esencia de la
cuestión económica, que es la construcción y el desarrollo del mercado
interno y el fortalecimiento de la cohesión social. Basaron sus
esperanzas en una inserción retrógrada en el mercado internacional,
buscando una vuelta a los años dorados de la exportación de productos
primarios y de la estabilidad ficticia del patrón oro, a través de
nuevos malabarismos tales como la caja de conversión (currency board)
argentina.
La apertura radical de sus economías al capital multinacional y las
privatizaciones aceleradas causaron la contracción empresarial local y
la desestructuración de los frágiles estados nacionales, generando por
otro lado un gran ingreso temporal de capital extranjero que los
engañó. Las megaempresas multinacionales adquirieron y modernizaron
unidades productivas, pero en muchos casos las inversiones se
concentraron en el sector de servicios y no negociables
(non-tradeables). Sin embargo, en este proceso expandieron muy poco su
capacidad instalada, generando mayor desempleo industrial sin reducir
el desempleo estructural, no aumentaron sus exportaciones, hicieron
crecer sus importaciones y profundizaron su dependencia tecnológica.
En apariencia y de forma artificial, los gobiernos de los países de la
región lograron el éxito al controlar la inflación a través de
rigurosos ajustes fiscales, del ingreso de capital extranjero y da
liberalización de importaciones. Sus políticas generaron el ingreso
rapaz de capitales especulativos a corto plazo, atraídos por las
elevadas tasas de interés y por sistemas cambiarios desrregulados, en
realidad descontrolados, de inversiones directas oportunistas atraídos
por una miríada de exenciones, créditos y oportunidades, que
absorbieron a las empresas locales y contribuyeron a una estabilidad
cambiaria y de precios ficticia. Los responsables de las políticas
económicas, los llamados equipos económicos, aparentemente consideraron
las entradas de capital extranjero como donaciones, con la capacidad
mágica de generar divisas que irían a compensar las futuras e
inevitables salidas de capital.
Asimismo, se garantizó la felicidad inicial de las diminutas y
deslumbradas clases medias en cada país, que conquistaron la libertad y
el derecho de importar y consumir productos sofisticados. Clases éstas
que también habían apoyado anteriores tentativas de implantar modelos
económicos liberales, aunque fueran acompañados por regímenes políticos
autoritarios.
Las clases pobres fueron atendidas por el neoasistencialismo de la
distribución de alimentos y por otros esquemas semejantes de
solidaridad, anestesiadas por la libertad irrestricta conferida a la
televisión hipnótica y alienante que invadió el vacío cultural,
engañadas por estrategias paliativas de lucha por los derechos humanos
que, en realidad, no enfrentaban causas reales de las violaciones ni de
la criminalidad de las que los pobres son las principales víctimas.
Las clases privilegiadas y poderosas se vieron en principio aliviadas
por el hábil alejamiento (efímero) de las reivindicaciones de
redistribución de renta y riqueza, substituidas por el culto a la
estabilidad de la moneda, por la difusión de la creencia en su
capacidad de resolver todos los problemas de subdesarrollo y por la
apelación a una lucha (superficial) contra la pobreza.
Muchos vendieron sus empresas al capital extranjero avasallador y
fueron a insertarse (o permanecieron) familiarmente en el Primer Mundo,
usando sus sistemas de educación (famosas escuelas y universidades para
sus hijos), de ocio (museos, restaurantes, televisión por cable, Disney
World), de salud (hospitales y clínicas de la más avanzada tecnología),
en una situación que se asemeja mucho a lo que hacían en el pasado los
grandes propietarios de haciendas de azúcar, café y cacao, que
entregaban su manejo a administradores y vivían fastuosamente en el
litoral o en Europa. Con el cambio fijo (o casi fijo) sus ingresos
provenientes de la renta del Estado se mantenían estables en moneda
fuerte y habiendo transferido parte de su capital al exterior, la
situación política y social les preocupó cada vez menos y hasta la
misma perspectiva de la crisis final de esas estrategias -en sentido
estricto, económicas, sociales y políticas- insostenibles, no fue
temida.
Este sistema económico falla periódicamente (las crisis), puesto de que
por una parte se basa en la acumulación de compromisos financieros a
tasas de interés elevadas, en la explotación oligopólica con lucros
astronómicos, en la venta precipitada y corrupta de un stock finito de
activos, en la contracción del mercado interno; y por otra no es capaz
de generar volúmenes crecientes -no sólo de producción exportable
nueva- sino tampoco de superávits no contractivos.
La escasez latente de divisas para enfrentar los compromisos al
materializarse la crisis, provoca operaciones apresuradas de
sustentación que se realizan a costa de nuevos y nuevos paquetes de
asistencia financiera organizados por el FMI, siempre a cambio de
mayores compromisos de liberalización y de restricciones a la autonomía
nacional en la gestión económica.
Así, la situación de todos los países vecinos de la región Amazónica
fronterizos con Brasil presenta características muy semejantes: largo
estancamiento o lento crecimiento económico, compromisos externos
elevados, alta vulnerabilidad a fluctuaciones externas, desarticulación
del estado, presión externa renovada para que adopten políticas todavía
más neoliberales y contractivas, desempleo elevado, crimen organizado y
violencia urbana, crecimiento incontrolable de las ciudades,
incapacidad del Estado para atender las demandas sociales, inquietud
política acentuada.
La insatisfacción con los regímenes democráticos es creciente e
inquietante, porque ellos son vistos cada vez más por la población como
formales y seudopopulares, por ser antinacionales (globalizantes),
elitistas y autoritarios (soft). Las masas de los países de la región
tienen hace generaciones porcentajes bajo la línea de la pobreza
crónica (no ocasional) siempre elevados y la pobreza tiende a ser mayor
en las regiones amazónicas, con un grado de politización extremadamente
bajo, ya que su principal objetivo es la supervivencia cotidiana. Su
participación política en la democracia es reducida y cíclica.
A estas masas se agregan fajas crecientes de clase media empobrecida,
cuyo individualismo y expectativas de progreso material habían sido
estimulados por los medios. Su frustración, inclusive con un
empobrecimiento relativo, su recelo ante la pobreza y la violencia
creciente de los centros urbanos, hace que pasen a demandar cada vez
más orden y empleo, nostálgicas del pasado.
Periódicamente, los centros de poder mundial articulados con las
estructuras de poder local estimulan la renovación de liderazgos
políticos desgastados, tales como los de Salinas de Gortari, Menen y
Fujimori, para garantizar la supervivencia del modelo económico y
político, concentrador y mistificador. Ésta seudo renovación, en la que
los centros de poder pasan a atacar y ayudan a desmoralizar a sus
agentes ya desgastados, con lo que ganan la simpatía de la masa
miserabilizada y hasta de sectores de izquierda en esos países y en
otros, lleva a un alivio que es apenas temporal, hasta que de nuevo se
agudizan las contradicciones entre el modelo económico y las
necesidades de desarrollo, impulsadas en último término por el
crecimiento demográfico y por la demanda creciente de empleo, en un
sistema tecnológico cada vez más capital-excluyente.
En el caso de Amazonia, las políticas económicas neoliberales adoptadas
a nivel nacional más que expandirse por la región, tuvieron efectos más
graves, pues la naturaleza de los desafíos exigía una presencia firme y
planificadora del Estado central. La propia organización primitiva de
producción industrial de transformación y de las empresas locales
hicieron que la región pasase a depender cada vez más de la producción
exigida por el consumismo de alto nivel de renta de los grandes países
desarrollados, esto es, de la producción y el tráfico de drogas, la
extracción y el contrabando de piedras preciosas y el parque del ocio
exótico para las clases medias de esos países, en la mejor de las
hipótesis disfrazado bajo el rótulo de ecoturismo.
La región quedó sujeta a la depredación de sus recursos naturales
(inclusive la biopiratería) y humanos a través de la prostitución
infantil que en las ciudades mayores llega a afectar a más del 30% de
la población pobre.
Los países vecinos en la Amazonia
La ilusión del crecimiento económico y de la estabilidad política y
social terminó en América del Sur, ahora se recoge el fruto amargo por
haber abandonado irreflexivamente el proyecto de desarrollo autónomo
nacional (no autárquico) que fuera cambiado con gran fanfarria, por una
estrategia de inserción competitiva que se reveló apenas subordinada a
la globalización y por una seudomodernidad, en especial de consumo.
A pesar de las críticas a la globalización asimétrica y a sus agencias,
como la OMC y el FMI, que surgen entre líderes que tanto las alabaran y
que continúan ejecutando las mismas políticas anteriores que llevaron a
las dificultades y angustias actuales, la última carta para consolidar
las políticas neoliberales se juega en la apertura de negociación de
acuerdos de libre comercio con los EE.UU.
En Colombia, cuya población es el 26% de la brasileña, cerca de 30% de
su territorio llegó a encontrarse bajo el control legal -con la
aceptación del Estado Central- de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y del ELN( Ejército de Liberación
Nacional).
En ese territorio ambas organizaciones ejecutaron funciones típicas del
Estado. Éstas organizaciones de guerrilla, que se iniciaron después de
1948, cuando ocurrió el famoso "bogotazo"(la entrega de las armas por
los insurgentes y enseguida su matanza), llegaron a tener amplio apoyo
en las áreas rurales, debido a la concentración de la propiedad y al
trato arbitrario y violento hacia los campesinos.
La ejecución del Plan Colombia, proyecto establecido entre EE.UU. y
Colombia prevé la adquisición de equipo militar sofisticado
norteamericano, tal como helicópteros de combate, para ser utilizado en
la erradicación de las plantaciones de coca, pero que puede ser
utilizado contra los guerrilleros de las FARC y del ELN, acusados de
tener estrechos lazos con el narcotráfico, al que cobran impuestos. Los
EE.UU. han llegado a tener cerca de 1.000 asesores militares en
Colombia. Por otro lado, el crecimiento económico en Colombia en los
últimos años ha sido muy bajo. Inclusive inferior a la tasa de
crecimiento demográfico, factor que acentúa el desempleo que afecta a
una parcela importante de la población y aumenta la emigración, en
especial hacia Venezuela.
El Estado se muestra impotente frente las acciones de grupos
paramilitares, las llamadas AUC (y hasta es acusado de estimularlo
veladamente) responsables por la matanza sistemáticas de líderes
sindicales, campesinos e intelectuales. En cuanto aumentan los
movimientos de refugiados hacia Venezuela y Ecuador y por tanto las
tensiones con esos países, se ocasionan disputas históricas con
Venezuela en relación a las áreas ricas en petróleo y de las fronteras.
En Colombia se contabilizaron un promedio de 30 mil asesinatos por año
en los últimos 10 años, siendo considerado el país más violento del
mundo. En Ecuador, país con una población equivalente al 8% de la
brasileña, cerca de 60% indígenas, de los cuales 20% no hablan español,
la economía está en retroceso, siendo el crecimiento del PIB inferior a
1% al año en los últimos años. Más de 60% de la población es
desempleada o subempleada, y más del 60% de los ecuatorianos se
encuentran debajo de la línea de pobreza.
Las políticas neoliberales reforzaron la extraordinaria concentración
histórica de renta y la profunda vulnerabilidad externa de la economía
ecuatoriana, dependiente exclusivamente de las exportaciones de
petróleo y de pescado. La última iniciativa de los defensores de la
estabilidad monetaria a cualquier costo (y de los lucros que vendrían a
obtener en el momento de la conversión) fue hecha con la dolarización
súbita de la economía en 2000, lo que la colocó a merced de las
fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, sobre los
cuales no tienen ningún control. El profundo e histórico resentimiento
de la enorme mayoría indígena de la población contra la minoría blanca
se traduce hoy en creciente movilización política, cada vez más
consciente y capaz de colocar en shock el sistema político oligárquico
tradicional, mientras el Estado hace acuerdos con Estados Unidos para
la utilización militar de la base aérea de Manta para apoyar el Plan
Colombia, lo que compromete al Ecuador en la explosiva situación
colombiana.
En Perú, cuya población es un 16% de la brasileña, la política
económica agravó la concentración histórica de renta y elevó el
desempleo y la urbanización descontrolada, provocada por la actividad
de la guerrilla de Sendero Luminoso y por los feroces métodos de
combate aplicados en las zonas rurales.
El cuadro de inquietud social y político no es coyuntural, sino
estructural, y se agravó en la medida en que el sucesor de Fujimori,
Alejandro Toledo, de origen indígena, continuó con la aplicación de las
mismas políticas en la esfera económica, que a pesar de los aparentes
índices elevados de crecimiento, no se reflejaron en el desarrollo y el
empleo, llevándolo a índices de popularidad inferiores a dos dígitos.
El surgimiento de la manifestación de justicia sumaria (indígena)
contra políticos (blancos) acusados de corrupción constituye un
reciente fenómeno de profundas posibilidades.
En Venezuela, el gobierno radicalmente democrático de Hugo Chávez, que
ya venció ocho elecciones acompañadas por observación internacional,
sufre los efectos de una campaña internacional en los medios de
comunicación que intenta caracterizarlo como loco y dictador. A juzgar
por la experiencia histórica latinoamericana no habrá duda
internacional en apoyar, inclusive con amplios recursos financieros
(como ocurrió en el caso del derrocamiento de Allende en Chile, acción
ahora revelada oficialmente por EE.UU.), la oposición a su gobierno, en
especial a través de la articulación de los intereses de sectores de
las elites que fueron removidas por los votos de las posiciones
tradicionales de control político de la sociedad y del Estado, que
concentra y distribuye los ingresos devengados por el petróleo.
Por otro lado, las históricas disputas entre Venezuela y Colombia
podrán, a partir de eventuales violaciones de frontera originadas por
la aplicación del Plan Colombia, a la persecución y a la eventual (no
comprobada) instalación de núcleos de guerrilla colombiana en Venezuela
y a la aceleración de la emigración colombiana hacia Venezuela, que
bien podrían agravarse, dando munición política a la oposición al
Gobierno de Chávez, con riesgo de un eventual surgimiento de guerrillas
cuya acción y reacción podrían violar las fronteras brasileñas y
afectar la seguridad. La implicación de la OEA y del Centro Carter en
el proceso refrendario en Venezuela fue indicador de una tendencia a la
internacionalización del propio proceso político interno de los países
de la región, que pasa a ser considerada gradualmente como natural.
La participación de potencias y países extracontinentales en los
esfuerzos de mediación en los conflictos políticos (no militares)
internos trae a Sudamérica prácticas del pasado. Asimismo, en cuanto
los medios de comunicación procuran aislar políticamente a Venezuela,
al mismo tiempo hay una intensa participación internacional en su
política interna. La economía y el Estado venezolano dependen
esencialmente de los ingresos petroleros, el desempleo y subempleo
estructural alcanzan una parte muy grande de la población, cuyo volumen
corresponde en total a cerca de 15% de la brasileña.
En Bolivia, las situaciones históricas de enorme desigualdad, agravadas
por las políticas económicas neoliberales, de las cuales el Gobierno
boliviano de Paz Estensoro fue precursor en Sudamérica, el consecuente
desempleo y los programas casi militares de erradicación a la fuerza de
las plantaciones de coca y su sustitución por plantíos mucho menos
lucrativos con el auxilio financiero y de asesores de los EE.UU; ha
provocado una insatisfacción popular de tal magnitud que llevó a la
movilización activa de las poblaciones indígenas que a través de esas
reivindicaciones han alcanzado mayor participación y representación
efectivas en el poder Legislativo.
La población indígena se concentra en el altiplano de difícil
explotación económica y está compuesta por distintos grupos, con
idiomas diversos, en tradicional oposición a la región de Santa Cruz de
la Sierra que tiene veleidades autonomistas. El resurgimiento de las
tensiones con Chile en torno al acceso soberano al Pacífico, cuestión
inalienable en la política interna boliviana y la nueva dependencia del
gas, de su explotación, exportación o transformación local, así como
sus conexiones con el Brasil, vuelve tenso el contexto externo de
Bolivia. La población total de Bolivia corresponde a cerca del 5% de la
brasileña.
Las sociedades amazónicas de menor población, territorio y producción,
que son Suriname (aproximadamente 450 mil hab.) y Guyana (cerca de 800
mil hab.) presentan cuadros de subdesarrollo económico crónico e
igualmente de fragilidad política latente e igualmente preocupantes, y
se encuentran sujetos a constante influencia externa, en especial
Suriname donde hay conflictos históricos de frontera. La Guayana
Francesa es un caso aparte, pues se encuentra bajo el dominio colonial
de Francia, que la considera una parte integral del territorio francés,
como si se encontrase en Europa continental.
La cuestión militar en Amazonia
Un componente relativamente nuevo en lo que respecta a la seguridad de
la región amazónica brasileña es la creciente presencia de asesores
militares norteamericanos y la venta de equipos sofisticados a las
Fuerzas Armadas colombianas. La presencia militar norteamericana, que
ya se extiende al Ecuador, el Perú y aparentemente a Bolivia, a través
de la utilización de bases militares podrá expandirse a otros países,
en un proceso semejante al que ocurrió en la Guerra de Vietnam, y traer
presiones crecientes para procurar obtener la colaboración de Brasil y
de otros países sudamericanos a fin de transformar la lucha contra el
narcotráfico (y contra las FARC y el ELN) en una empresa militar
sudamericana, no sólo colombo-norteamericana.
El Plan Colombia es parte de la estrategia de los EE.UU. para
asegurarse presencia militar directa en la región andino-amazónica e
incluye aspectos tales como la reforma de las institituciones políticas
colombianas -en particular de sus sistema judicial- así como también de
la legislación para permitir la extradición a los EE.UU., no solamente
de narcotraficantes -ciudadanos colombianos- sino también de
guerrilleros y el desplazamiento masivo de campesinos, sin realizar la
reforma agraria.
El Plan Colombia es parte de la primera de las tres vertientes de la
estrategia militar norteamericana para América del Sur, las otras dos
son la adopción por parte de los Gobiernos y Fuerzas Armadas de la
región de tesis y esquemas de seguridad cooperativa; y en segundo
término el desarme -inclusive convencional- de los países de la región.
La primera vertiente de esta estrategia tiene como objetivo estacionar
permanentemente tropas norteamericanas en el continente, para facilitar
eventuales intervenciones. Esta vertiente viene desarrollándose por lo
menos desde 1994, cuando se realizaron en la región amázónica las
operaciones militares de EE.UU. llamadas Green Clover y Laser Strike,
en países vecinos a Brasil. La situación generada por el Plan Colombia,
una iniciativa que traspasa en mucho su objetivo declarado de ser el
mero combate a la producción de drogas, tiene sin embargo el mérito de
resucitar el debate sobre la Amazonia y sobre las estrategias de
desarrollo económico y político brasilero para la región y para el país
en general.
La elevada y creciente inestabilidad social, política y económica en
los países fronterizos de la Amazonia brasileña, permite vislumbrar
algunas situaciones hipotéticas, plausibles en el futuro próximo: la
operación (esporádica o permanente) en territorio brasilero de
guerrillas extranjeras; el ocasional ingreso de tropas extranjeras,
americanas o de países vecinos en territorio brasilero para perseguir
guerrilleros; agresiones eventuales a brasileros en esas circunstancias
y movimientos significativos de refugiados provenientes de países
limítrofes.
Las fronteras brasileñas de tierra comprenden unos 15.600 kilómetros,
sólo las de la Amazonia son de 13.200 km. Brasil tiene 3 mil kilómetros
de frontera con Bolivia; 3.000 km. con Perú; 1.600 km con Colombia;
2.200 km. con Venezuela; 1.600 km. con Guyana; 700 km. con la Guayana
Francesa y 600 km con Suriname. En comparación, la frontera entre
Francia y España se prolonga por apenas 600 kilómetros y la frontera
entre Francia y Alemania tiene 450 km.
Las actividades necesarias para la vigilancia y la defensa de esos 13
mil kilómetros de frontera brasileña en regiones amazónicas apartadas
-de difícil acceso y muchas veces inhóspitas- exigirían grandes
recursos para ser mínimamente eficientes. Si la sociedad y las
dirigencias políticas de las regiones más desarrolladas del Brasil
continúan mostrándose miopes o avaras frente a la urgencia de este
problema se sorprenderán a mediano plazo con las consecuencias de su
omisión, pues toda la sociedad brasileña se verá afectada, sin que
puedan escapar aún aquellas regiones distantes de la Amazonia que
pudieran parecer a salvo de esas consecuencias.
Cualquier brasilero preocupado con la escalada de violencia y de crimen
sofisticado y fuertemente armado en las grandes ciudades (y más
recientemente en las medianas) y con un consumo de drogas en abierta y
acelerada expansión en Brasil, debe concordar con la necesidad de una
vigilancia eficiente de las fronteras, inclusive terrestres. Cualquier
individuo realista reconoce que esta vigilancia no pueden llevarla a
cabo organizaciones privadas pero si el Estado, dentro del cual esta
tarea le debe corresponder a la Fuerzas Armadas ayudadas por la policía.
Por más violentos y arbitrarios, corruptos e ineficientes que pudieran
haber sido en el pasado los sectores de esas organizaciones del Estado,
y justo el resentimiento social por hechos lamentables y dolorosos
cuyos responsables individuales deben ser castigados, lo que se debe
tener en cuenta en el presente es la necesidad de función que la
sociedad necesita ejercer, y que para ser ejercida, debe hacerlo a
través de las organizaciones del Estado, de forma eficiente, honesta y
democrática.
El proyecto Cala Norte, así como el proyecto Sivam, son importantes
iniciativas en el control y defensa de las fronteras. El proyecto Cala
Norte, iniciado en 1985, tiene como objetivo instalar unidades
militares de apoyo en las poblaciones civiles a lo largo de la faja de
fronteras y de ese modo prevenir y desestimular eventuales ingresos de
insurgentes en el territorio brasilero y para contribuir en el control
de actividades ilícitas, especialmente las del contrabando y
narcotráfico.
El proyecto Cala Norte puede ser transformado de una hipotética amenaza
en un poderoso instrumento de integración bilateral en la medida en que
se pueda asociar cada país vecino en su ejecución y así hacerlo un
elemento de aproximación política y de integración física y económica
de las poblaciones de las fronteras y de los propios países en general.
El proyecto Sivam (Sistema de Vigilancia Aérea de la Amazonia)
corresponde a un conjunto de unidades rastreadoras de señales de
satélite, que permite la detección de actividades ilegales, la
localización de aeronaves clandestinas implicadas en el tráfico de
drogas, actividades de deforestación y quemas, en los cuales hay
grandes intereses de los Estados vecinos en participar.
Que hubiera ineficacia o corrupción, real o imaginada, en tales
programas no significa que la sociedad brasileña -aún aquellos sectores
que se encuentran distantes de la Amazonia e indiferentes a la
soberanía brasileña sobre esa región- pueda prescindir de ellos. Como
hacer esas organizaciones y programas del Estado eficientes y
garantizar el control social sobre la formulación y ejecución de
políticas de defensa de fronteras es una tarea difícil y debe ser
resuelta a través de mecanismos de control permanente del Congreso, con
el auxilio de la sociedad civil.
Cada vez es más importante enfrentar el problema de la Amazonia y la
situación de inestabilidad a lo largo de las fronteras, es una cuestión
esencial para la evolución a mediano y a largo plazo de la sociedad
brasileña, sea cual sea la reconciliación efectiva entre ciertos
segmentos de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas brasileñas. La
división que ocurrió en el pasado, debido a los excesos e ilegalidades
cometidas -en especial en la época de la represión más violenta del
Estado a la guerrilla- no puede proseguir indefinidamente.
Es necesario que la sociedad brasileña haga esfuerzos constantes para
fortalecer y fomentar una creciente cohesión entre sus organizaciones
civiles y militares, sin dejarse ilusionar por la utopía de la
construcción de una sociedad sin Fuerzas Armadas. Lo que debe ser
resaltado en esos esfuerzos es la necesidad de construir Fuerzas
Armadas democráticas, eficientes, para la defensa de los intereses
brasileños, delante de la acción de potencias extra-regionales, cuyo
interés, de hecho, es desarmar la sociedad brasileña y hacerla más
vulnerable a la su influencia y a sus objetivos nacionales.
La protección militar eficiente para garantizar la inviolabilidad de
las fronteras y la seguridad de las poblaciones brasileñas que habitan
en esas regiones, así como la enérgica negación a que se utilicen
métodos de combate contra las drogas en Colombia y la erradicación de
plantaciones que pudieran afectar el ecosistema de la Amazonia, deben
ser prioridades del Gobierno y de la sociedad brasileña.
En cuanto a la producción y al comercio, el narcotráfico está vinculado
con sistemas predatorios y voluntaristas de la explotación económica
para la exportación, implantados en la Amazonia. Esos sistemas atraen
poblaciones de otras regiones del país y financian proyectos de
colonización orientados inicialmente para la cría de ganado y más
recientemente para el cultivo de arroz y de soja, que llevan y llevarán
a la deforestación.
El rápido agotamiento del suelo y la generación de desempleo
consecuencia del monocultivo y la ganadería extensiva, además del
descubrimiento de yacimientos de oro, lanzaron a las poblaciones
desempleadas hacia la extracción y el tráfico de drogas y agentes
químicos, que se articulan por su parte con la red internacional de
contrabando de oro, piedras preciosas y armas, que por definición,
desconoce fronteras.
Por otro lado, la cuestión general del narcotráfico está profundamente
vinculada a las normas de funcionamiento del sistema financiero
nacional e internacional, que permiten en la práctica, el lavado de
dinero y su transferencia legal hacia los grandes centros financieros y
los megabancos. La resistencia a la quiebra del secreto bancario por
parte de los grandes bancos, en especial de los paraísos fiscales, y la
reluctancia de los gobiernos de los países desarrollados en controlar
su sistema financiero, hacen que haya un esfuerzo permanente en colocar
la carga política de la imagen de corrupción y crimen y el coste
financiero del combate contra las drogas en los Estados de la periferia.
En el caso de Brasil, el control indispensable de las fronteras será de
poca eficacia si no es acompañado por la obligatoriedad de los bancos
privados de declarar al Banco Central los depósitos en especie por
encima de ciertos valores y de ejercer un control efectivo sobre la
apertura de cuentas naranja y, por otro lado, de mayor fiscalización
del Banco Central sobre los movimientos financieros hacia el exterior
de las agencias bancarias privadas, especialmente en las áreas
fronterizas.
Aunque tales medidas puedan contribuir al combate contra las drogas, a
la huída de divisas y al lavado de dinero, solamente programas
dirigidos para la reducción sistemática del desempleo, para la
organización de actividades sociales para jóvenes en las periferias, la
reducción de la propaganda de la violencia en los medios de
comunicación, y finalmente la discriminación del consumo de drogas
podrán de hecho lograr reducir las profundas causas de la demanda de
narcóticos, que van además más allá de la inducción de los traficantes.
Esas causas no pueden ser eliminadas por los programas de erradicación
y sustitución de la producción, que se revelarán siempre frustrantes e
ilusorios, llevando sólo al desplazamiento geográfico de áreas de
producción y a la expansión de la producción de drogas sintéticas,
responsables en más de un 50% del consumo global de narcóticos,
antidepresivos y estimulantes en el mundo, fabricados en los países
altamente desarrollados.
La cuestión del narcotráfico es políticamente importante debido a la
infiltración de sus integrantes y representantes en el sistema
político, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial,
municipales, provinciales y federales. Es necesario analizar la
evolución de los mecanismos de esa infiltración en Colombia y en otros
países, inclusive en los países desarrollados consumidores, para
combatirla mejor en Brasil.
Una forma posible de combate a esa infiltración política en los
organismos del Estado sería la adopción de legislación exigiendo la
suspensión automática del secreto bancario de todos los ocupantes y
candidatos a cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicatura. La
cuestión de la infiltración política viene se agravando en la medida en
que Brasil pasa de una situación de país de tráfico hacia una situación
de consumo creciente y difuso de drogas.
El
actual contexto internacional tiene influencia decisiva sobre el futuro
de la Amazonia. En ese debate, son esenciales temas tales como la
presencia militar norteamericana en la región, la militarización del
combate contra las drogas y la internacionalización de los conflictos
internos de los Estados que hacen frontera con el Brasil.
cargando el contenido