No
nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de
un "ambiente favorable", se refiere a los negocios, a un ambiente
favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las
operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de
compañías transnacionales. No está considerando la protección a los
recursos naturales ni beneficios sociales en los países que extorsiona
para cumplir sus recetas.
Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos,
donaciones, documentos y estrategias, son funcionales a sus clásicas
recetas basadas en programas de ajustes y estabilización, que bien
aplicados, nos deben conducir al desarrollo sostenido, entendido claro
está, en términos de crecimiento continuo del Producto Bruto Interno.
El FMI sigue creyendo, o insiste en hacernos creer que hay un círculo
mágico o "virtuoso" en el cual el crecimiento económico "sostenido"
reduce la pobreza e incrementa los recursos disponibles para mejorar el
medio ambiente. Círculo que además, se retroalimenta por sí mismo. Algo
así como la mano invisible de Adam Smith.
El mismo FMI confiesa que no tiene en cuenta problemas ambientales ya
que está limitado por su mandato y por la poca preparación de su
personal en tales temas. Esta institución argumenta especializarse
"solamente en temas referentes a políticas macroeconómicas, monetarias,
comerciales y fiscales a nivel nacional e internacional", y que son
otras las organizaciones, tales como el Banco Mundial, las Naciones
Unidas o los bancos de desarrollo regional, las que "están mejor
equipadas" para lidiar con los problemas del medio ambiente. De esta
manera, el FMI elude toda responsabilidad por los impactos ambientales
generados por sus programas de estabilización y ajuste estructural.
Ya se han cumplido 3 décadas desde los primeros experimentos de ajuste
estructural implementados por las sangrientas dictaduras de Uruguay,
Chile y Argentina allá por mediados de los setenta. Desde allí, y sin
distinciones de carácter histórico, geográfico, cultural o social, el
FMI ha venido imponiendo una receta única para todo país que intenta
acceder a sus fondos, la que supuestamente apunta a lograr crecimiento
económico.
El FMI aprovecha la oportunidad para imponer programas de ajuste
estructural y estabilización como condicionalidades para la obtención
de sus préstamos. Los mismos incluyen la implementación de medidas
destinadas a superar el déficit presupuestario mediante el recorte del
gasto público, como también la implementación de procesos de
privatización, desregulación de la economía incluyendo la liberación
comercial y financiera, y un crecimiento económico basado en el aumento
de las exportaciones.
Estos ajustes conllevan una reforma estructural del Estado, la cual
permite la eliminación de las barreras que impiden el acceso y la
creación de un ambiente favorable para la inversión extranjera. Tales
"barreras" incluyen todo tipo de regulación social (incluidas medidas
de protección laboral y ambiental).
En resumen, cuando un país con dificultades en su balanza de pagos y al
borde de la bancarrota se ve forzado a aceptar la "asistencia"
financiera del FMI, en realidad comienza a sumergirse en un proceso de
pérdida de control de sus recursos y soberanía.
Protestas y movilizaciones de comunidades afectadas, organizaciones de
la sociedad civil y estudios de caso de organizaciones ambientalistas
han demostrado una y otra vez que en la mayor parte de los países
clientes del FMI no sólo no se han alcanzado los objetivos de
desarrollo, sino que el resultado general de esas políticas sobre el
medio ambiente, ha sido devastador.
Los Bosques
Los ecosistemas boscosos no escapan a la regla. En el año 2002, un
estudio de American Lands Alliance concluyó que los créditos y las
políticas del FMI provocaron un notable aumento de la deforestación en
países de gran riqueza biológica de América Latina, Asia y África. El
estudio señala que la estrategia del FMI de promover el crecimiento
basado en exportaciones e inversión extranjera, y a la vez presionar a
los países para que recorten su gasto en programas ambientales, ha
acelerado la deforestación. El FMI parece haber promovido la tala de
bosques amenazados en Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Ghana, Honduras,
Indonesia, Costa de Marfil, Madagascar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea,
República Centroafricana, Rusia y Tanzania.
La respuesta a este informe por parte del FMI fue que el mismo parecía
basarse en información "vieja o incorrecta". El Fondo argumenta haber
incorporado condiciones que requieren la reforma de políticas
forestales -destinadas a reducir la tala ilegal y fortalecer la
protección de los bosques- y que incluso ha suspendido sus préstamos a
varios países, en un intento por detener la tala ilegal y la
deforestación. Pero la verdad es que hasta ahora el Fondo se niega a
reconocer el impacto ambiental de sus programas de ajuste estructural.
El estudio señala por ejemplo que en Brasil, cuyas selvas tropicales
representan un tercio de todos los bosques húmedos que quedan en el
planeta, el gobierno redujo en casi dos tercios el gasto en programas
ambientales, como condición de un acuerdo por un paquete de emergencia
de 41.500 millones de dólares firmado con el FMI en 1998. Esto implicó
la reducción presupuestal y 10 de los 16 programas ambientales de
Brasil dejaron de aplicarse, varios de ellos destinados a hacer cumplir
las normas de explotación forestal y protección de los bosques.
El FMI logró que Camerún, uno de los países con mayor diversidad
biológica de África, devaluara su moneda y rebajara los impuestos a las
exportaciones de productos forestales. "Esto volvió más rentable la
explotación forestal y aumentó el número de especies comercialmente
viables, lo que incrementó el volumen talado por hectárea". En
consecuencia, el número de empresas forestales con operaciones en
Camerún aumentó de 177 a 479 entre 1990 y 1998, frente a apenas 106 en
1980, con el resultado de que más del 75 por ciento de los bosques del
país han sido talados o lo serán en breve.
En Papúa Nueva Guinea, que alberga 1.500 especies de árboles, 200
especies de mamíferos y 750 de aves, la mitad de ellas endémicas, el
recorte del gasto público resultó en el desmantelamiento del
Departamento de Ambiente y Conservación. Para incentivar a la industria
maderera, el FMI logró que se redujeran los impuestos a las
exportaciones forestales de 33 por ciento a entre 0 y cinco por ciento
en 1998. El resultado no se hizo esperar: varias de las gigantes
compañías forestales de Malasia se establecieron de inmediato en Papúa
Nueva Guinea, afectando gravemente a los bosques del país.
El FMI, que responde principalmente al Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, no ha hecho ningún viraje sustantivo para mejorar la
situación. Apenas si ha reconocido que sus políticas tienen algún
impacto en la pobreza, lo que ha significado un cambio de maquillaje en
los programas de ajuste estructural. Nada sobre políticas que
favorezcan al medio ambiente. El pasado 11 de junio los Ministros de
Finanzas del Grupo de los 8 (Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino
Unido, Estados Unidos, Canadá y Rusia) hicieron pública una declaración
sobre "Desarrollo y Deuda" que incluye una propuesta de cancelación de
deuda multilateral que sería presentada a las Reuniones Anuales del
FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de
2005.
La cancelación de deuda multilateral propuesta está todavía ligada al
acatamiento de los condicionamientos que exacerban la pobreza, la
sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales y perpetúan la
dominación sobre el Sur. En la cancelación de deuda no se conmuta
ninguna restitución y/o reparación por la esclavitud y la colonización,
el saqueo de la riqueza y recursos naturales, la explotación laboral,
ni la destrucción humana, social y ecológica en el Sur causada por las
actividades económicas, operaciones militares y guerras que protegen
los intereses de la cleptocracia internacional.
El silencio de los tecnócratas del FMI, producidos por universidades
como Harvard y sus pares, no es una mera casualidad. Ellos han sido
entrenados en función de un solo objetivo: suprimir las barreras que
dificultan el acceso y control de las grandes empresas a los recursos
naturales del planeta. O tal vez para la perpetuación del déficit
comercial de Estados Unidos destinado a financiar los negocios de la
cleptocracia mundial.
Una vez más el fin justifica los medios: se firman cartas de intención,
se organizan talleres para construcción de capacidad técnica, se
extorsiona con amenazas de cierre de acceso a los mercados del capital
internacional, se reprime a quien tenga el coraje de oponerse a este
modelo de desarrollo neoliberal. Los actores son poderosos y conocidos:
los gobiernos de los países ricos del Norte, las multinacionales, el
FMI, la OMC, los bancos multilaterales y las elites y oligarquías
corruptas del Sur.
El resultado no se puede llamar de ningún modo desarrollo, no si es a
costa de la destrucción de ecosistemas saludables, el empobrecimiento y
marginación de las comunidades que los habitan o que dependen de ellos
para su supervivencia, y la perpetuación a todo costo del actual
sistema de producción global.
"Abiertos a los negocios": cómo la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la celulosa y el papel
Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional
(CFI) ha otorgado más de US$ 44 mil millones de sus propios fondos y
movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos a 3.143
empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI
existe para promover "inversiones sostenibles del sector privado en los
países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de la gente".
Pero al dirigirse a la industria, los funcionarios de la CFI dejan
entrever a veces el verdadero propósito de la institución. "Estamos
abiertos a los negocios", anunció Tatiana Bogatyreva, jerarca en el
sector de inversiones de la CFI, durante una conferencia sobre la
industria del embalaje realizada en Moscú este mismo mes.
La conferencia fue organizada por el Instituto Adam Smith, un grupo de
presión de extrema derecha a favor de la privatización, e incluyó
sesiones con nombres como "El embalaje como herramienta de marketing" y
una "Mesa redonda del champán" con ejecutivos de la industria del
embalaje. Bogatyreva declaró en la conferencia que la CFI está
dispuesta a financiar más proyectos en el sector del embalaje.
A diferencia del resto del Grupo del Banco Mundial, la CFI otorga
préstamos directamente a las empresas, no a los gobiernos. Los
beneficios para las empresas son claros. Además de financiación barata
a largo plazo, la CFI brinda asesoramiento sobre mercados emergentes,
sectores industriales y estructuración financiera. Y la CFI puede
ayudar a movilizar fondos de bancos comerciales para financiar los
proyectos, así como brindar apoyo financiero a las empresas a través de
la compra de acciones..
Durante varias décadas la CFI ha sido un importante patrocinador de
proyectos de celulosa y papel en todo el mundo. Hace pocos meses la CFI
aprobó préstamos para proyectos de celulosa y papel en Pakistán, China,
Brasil, Jordania y Kirguistán. La CFI tiene un papel importante en la
financiación de la expansión del sector forestal industrial en China.
En setiembre de 2001 la CFI otorgó préstamos por un total de US$ 25
millones a dos subsidiarias de la corporación Sino-Forest para la
construcción de fábricas relacionadas con la madera y la compra de
plantaciones en China. Las plantaciones de la empresa canadiense
Sino-Forest abarcan unas 240.000 hectáreas en el sur del país.
Actualmente la empresa está expandiendo la superficie de sus
plantaciones en unas 200.000 hectáreas en la provincia de Guangdong.
En diciembre de 2004 la CFI anunció un paquete financiero para la
papelera Jiangxi Chenming Paper Company, destinado a construir una
fábrica de papel que produciría 350.000 toneladas anuales y una planta
de celulosa asociada. Jiangxi Chenming es un emprendimiento conjunto de
Sappi (Sudáfrica), Shinmoorim (Corea del Sur), Chenming Group (China) y
Jiangxi Paper Industry Company Limited (China). La CFI suministrará US$
72,9 millones en participaciones de capital y préstamos y movilizará
otros US$ 205 millones para financiar el proyecto.
En junio de 2005, Stora Enso firmó con la CFI un acuerdo para un
préstamo de US$ 75 millones para financiar las actividades de esta
empresa en China. El dinero irá a parar a las plantaciones de
eucaliptos de Stora Enso en la provincia de Guangxi, en el sur de
China, y a expandir su fábrica de Suzhou.
Cuando la CFI acordó otorgar un préstamo a Stora Enso, el director de
Stora Enso Asia Pacífico, Markku Pentikäinen, dijo: "Nos complace ver
que inversores como la CFI aprecian nuestro enfoque de sustentabilidad
tanto en las operaciones forestales como en la producción de papel.
Gracias a que hace énfasis en la inversión socialmente responsable, la
CFI es un buen ejemplo para otros inversores en la región".
Aunque la CFI tiene una serie de políticas que deberían significar que
los proyectos se miden según normas ambientales y sociales, la realidad
es que la CFI prefiere hacer negocios antes que respetar las normas.
En noviembre de 2004, la CFI aprobó un préstamo de US$ 50 millones a la
gigante brasileña de la celulosa Aracruz, para financiar la expansión
de las operaciones de esta empresa en celulosa y plantaciones. La CFI
otorgó el préstamo a pesar de los continuados litigios territoriales
iniciados contra la empresa.
En abril de 2005, representantes de 64 onG escribieron al
entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para exigir
que la CFI cancelara su préstamo a Aracruz. En su respuesta, Atul
Mehta, director del Departamento para América Latina y el Caribe de la
CFI, desestimó las continuadas reclamaciones territoriales a la empresa
y declaró que "durante la evaluación de la CFI se hizo una revisión
completa de las cuestiones de litigios territoriales".
Una semana después de que Mehta enviara su carta, unos 500 indígenas
Tupinikim y Guaraní cortaron miles de eucaliptos para demarcar 11.008
hectáreas de su tierra, tierra que Aracruz había cubierto de
plantaciones de eucaliptos. "Con este acto", escribieron los Tupinikim
y Guaraní al ministro de Justicia de Brasil, "queremos expresar a Ud. y
a la entera nación brasileña que la tierra pertenece a las naciones
Tupinikim y Guaraní y debe ser restituida para que podamos construir
nuestro propio futuro y garantizar nuestra libertad y autonomía y el
futuro de nuestros hijos y nietos".
Con su apoyo a Aracruz y al sector de la pulpa y el papel en general,
la CFI deja en claro de qué se trata su negocio: otorgar dinero público
para el lucro privado.
El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación
La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del
mundo, ha tenido inmensos impactos sociales y ambientales negativos,
particularmente en el Tercer Mundo. Aunque las enormes fuerzas
comerciales detrás de la globalización han intentado hacer que la gente
piense que se trata de algún tipo de fuerza incontrolable de la
naturaleza, y que el famoso libre mercado gobierna el mundo por derecho
propio, cada vez hay una mayor conciencia de que gran parte de esa
devastación es financiada y apoyada por el dinero de los
contribuyentes, a través de las agencias nacionales de crédito a la
exportación, comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como ECAs
(Export Credit Agencies).
Las ECAs son agencias públicas del norte y constituyen la mayor fuente
de financiamiento gubernamental - es decir, de los contribuyentes- para
proyectos en el Sur y en Oriente. A través del otorgamiento de
préstamos, garantías, créditos y seguros, las ECAs permiten que
compañías privadas de sus países de origen hagan negocios en el
exterior.
Durante la década de 1990, el financiamiento de las ECAs promediaba
entre US$ 80 y US$ 100 mil millones o más por año, aproximadamente el
doble del total oficial de la asistencia al desarrollo. En todo el
mundo, las ECAs sostienen actualmente actividades de comercio e
inversiones por un monto estimado en US$ 432 mil millones, casi el 10
por ciento de las exportaciones mundiales. El sistema se basa en un
acuerdo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen todos al menos una ECA, que
es en general, una división oficial o cuasi-oficial del gobierno.
Actualmente, las ECAs están colectivamente entre las mayores fuentes de
financiamiento público para la participación corporativa extranjera en
proyectos industriales en los países del sur. Se estima que en los
últimos años han brindado apoyo financiero de entre US$50 y US$70 mil
millones por año en lo que se da en llamar "transacciones a mediano y
largo plazo", una gran parte de las cuales son grandes proyectos
industriales y de infraestructura en esos países.
Cuando un negocio se frustra, la garantía de la ECA cubre las pérdidas
de la compañía privada, pero luego añade esa suma a la deuda bilateral
entre el país de origen y el país receptor. Como resultado, las ECAs
son actualmente responsables de hasta un 25 por ciento del total de la
deuda pendiente del sur.
El tipo de proyectos que a menudo apoyan las ECAs son proyectos que
incluso el Grupo del Banco Mundial y otros bancos multilaterales
encuentran potencialmente perjudiciales de apoyar.
Las políticas ambientales del los bancos regionales de desarrollo han
sido criticadas por sus debilidades, al tiempo que el Grupo del Banco
Mundial parece determinado a debilitar sus propias políticas también.
Por lo tanto, las débiles normas de las ECAs se basan en los débiles
parámetros de los bancos regionales o del Banco Mundial. Mientras
tanto, el acuerdo de los Enfoques Comunes establece que los proyectos
apoyados por las ECAs deben cumplir "en todos los casos" con las normas
del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y del país
receptor, a menos que una ECA "encuentre necesario" aplicar normas
inferiores.
Otra característica de las ECAs es la total falta de transparencia ya
que los impactos de sus proyectos no se dan a conocer a la opinión
pública. Los Enfoques Comunes no exigen que las ECAs consulten a las
comunidades y la sociedad civil afectada por los proyectos que
financian.
Según Transparencia Internacional, "sobornar a funcionarios extranjeros
a fin de asegurar contratos en el exterior para sus exportaciones se ha
convertido en una práctica habitual en los países industriales,
particularmente en ciertos sectores como el de la exportación de
equipos militares y el de obras públicas. Normalmente estos contratos
son garantizados por planes de Seguros de Créditos a la Exportación
(ECI por sus siglas en inglés) de carácter público o apoyados por los
gobiernos (HERMES en Alemania, COFACE en Francia, DUCROIRE en Bélgica,
ECGD en el Reino Unido)."
Gracias al apoyo de las ECAs, los bancos comerciales privados pueden
eludir gran parte de sus responsabilidades. Como lo describiera un
ejecutivo del Midland Bank a cargo de los negocios de armamento,
"...antes de que adelantemos dinero a una compañía, siempre insistimos
en que los fondos estén cubiertos por el Departamento de Garantía al
Crédito a la Exportación (Export Credit Guarantee Department)[del Reino
Unido] ... No podemos perder. A los 90 días, si los iraquíes no pagaron
a la compañía, paga el gobierno británico en su lugar. De cualquiera de
las dos formas, recuperamos nuestro préstamo, más el interés por
supuesto. Es hermoso." (Killing Secrets: ECGD, The Export Credit
Guarantee Department, Killing Secrets, 1998.)
El gasoducto Bolivia-Brasil
La participación de las ECAs en el gasoducto de gas natural Bolivia -
BrasilCon un costo total de US$2 mil millones, la construcción del
gasoducto requirió la tala del bosque, y se extiende sobre unos 3.150
kilómetros, desde Santa Cruz, Bolivia hasta Mato Grosso do Sul en
Brasil. Atraviesa varios ecosistemas importantes: el Gran Chaco, un
área protegida de bosque tropical seco primario en Bolivia; el
Pantanal, el humedal más grande del mundo; y lo que queda del bosque
tropical denominado Mata Atlántica en el sudeste de Brasil.
El proyecto, con sus problemas sociales concomitantes, también tiene
impactos importantes sobre las comunidades locales en Brasil y Bolivia.
En Bolivia el gasoducto atravesó un número de comunidades indígenas y
un área protegida gestionada por una organización indígena. En Brasil,
Transportadora Brasilera Gasoducto Bolivia - Brasil (TBG) cuyos
inversores incluyen a Petrobras, Transredes, Enron y Shell, es la
empresa propietaria del gasoducto; Gas Transboliviano S.A., un
consorcio que comprende a Transredes, Nerón, Shell y Petrobras es la
compañía dueña de la porción boliviana del gasoducto.
En 1997, el Banco Mundial se convirtió en la primera agencia
multilateral en financiar el gasoducto. Otros bancos multilaterales
involucrados son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Europeo de Inversiones (EIB). Las agencias de créditos a la exportación
involucradas incluyen la agencia japonesa Japan Bank for International
Cooperation (JBIC), y la agencia italiana de créditos de exportación
SACE, que conjuntamente aportaron la suma de US$346 millones.
Un segundo gasoducto de 630 kilómetros comienza en Ipiás, Bolivia,
donde se bifurca del gasoducto principal Bolivia - Brasil y corre en
sentido noreste hacia San Matías y de allí hacia Cuiaba, Brasil. Este
gasoducto atraviesa unos 200 kilómetros del bosque tropical primario
Chiquitano, 100 kilómetros de humedales prístinos del Pantanal y divide
en dos el Área Natural de Manejo Integrado San Matías en Bolivia, la
única área protegida para el mayor bosque seco tropical del mundo y las
cabeceras del Pantanal.
Este proyecto es financiado por Gas Oriente Boliviano (GOB), un
consorcio formado por Enron, Shell, y Transredes. En 1999, Enron obtuvo
financiamiento por US$ 200 millones del gobierno estadounidense a
través de una de sus agencias de créditos de exportación: la agencia
Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
El financiamiento fue aprobado a pesar de la Ley de Asistencia Exterior
que prohíbe financiar proyectos en "bosques tropicales primarios". La
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto al igual que
científicos independientes califican a esta región como "bosques
tropicales primarios". Utilizando la degradación previa para justificar
una mayor degradación, Enron, el principal patrocinador del proyecto,
sostuvo que se trataba de un bosque "secundario" debido a las
actividades esporádicas de tala en algunas partes.
Como forma de cortar sus pérdidas en la quiebra de Enron, OPIC se
retiró en febrero 2002. De todas formas, los impactos locales sobre la
región de bosques de Chiquitano y la población local han sido
importantes: contaminación de los recursos hídricos locales,
degradación de los caminos locales, contaminación de la tierra y el
aire, aumento de la criminalidad, la prostitución y la perturbación de
los poblados y ciudades locales debido a los campamentos de
trabajadores.
Mientras las ECAs cumplen su papel, hay cada vez más conciencia de que
están muy lejos de ser vehículos potenciales del desarrollo y, que por
el contrario, encarnan una forma de globalización corrupta, turbia y
ambiental y socialmente destructiva. Los procesos sociales en varios
países del sur se oponen a estas agencias en búsqueda de otros mundos
posibles, libres de la dependencia y la alienación de comercial.
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Marta Zogbi, Amigos de la Tierra Internacional, Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, Chris Lang
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