En los últimos años, el ciclo de vida útil de las computadoras se redujo notablemente: para una PC de escritorio se estima un plazo de utilidad de siete años, y de cinco para las portátiles. Es que el “diseño para el basurero” -como lo llama Greenpeace-, logrado a través de la obsolescencia programada de los aparatos, ha generado una tasa de recambio cada vez más veloz para este tipo de productos. En la actualidad, este tipo de residuos terminan en basurales o rellenos sanitarios junto a los residuos domiciliarios comunes.

“Debemos tener en cuenta, además, que el crecimiento del consumo y descarte de aparatos eléctricos y electrónicos genera una presión sobre los recursos naturales. En el período 2008/2009, por ejemplo,  sólo la venta global de celulares y computadoras absorbió el 19% de lo producido por la minería mundial de cobre, el 3% de la minería global de oro, el 4% de plata y 16% de la extracción de paladio. Estos son todos materiales que en su extracción generan un impacto ambiental de enormes proporciones y que una vez desechados los residuos de estos productos electrónicos van a parar a basurales o rellenos sin ser reaprovechados”, dijo Yanina Rullo, de la campaña de Residuos Eléctricos y Electrónicos de Greenpeace.

“Es urgente y necesario establecer un sistema de gestión de basura electrónica en el país. No podemos seguir siendo testigos del aumento de la basura electrónica y esperar a resolver el problema cuando ya sea demasiado tarde”, agregó María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace Argentina.

En la Comisión de Ambiente del Senado Nacional se encuentra un proyecto de Ley presentado por primera vez en 2008 que establece los Presupuestos Mínimos para la Gestión y Tratamiento de Residuos Eléctricos y Electrónicos. El proyecto establece la creación de una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales, responsabiliza legal y financieramente a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos de la gestión de sus productos una vez finalizada su vida útil, y prohíbe la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos, además de asegurar una mayor durabilidad de los productos.

“Luego de más de tres años de debate con aportes de organizaciones de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales, organismos oficiales, operadores y empresas, la Ley de Basura Electrónica aún sigue bloqueada en el Senado. Mientras se sigue dilatando la aprobación de esta norma, el descarte de aparatos electrónicos continúa creciendo, sin contar con un adecuado sistema de gestión que impida los impactos ambientales y sanitarios que ocasiona su mala disposición”, concluyó Testa.