En junio próximo
la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) se reunirá en Berlín,
Alemania, para debatir temas tales como
la continuidad de la moratoria a la
caza comercial de ballenas y la creación
del santuario ballenero del Atlántico
Sur, propuesta patrocinada en forma
conjunta por Brasil y la Argentina.
Sin embargo, si nuestro país
no paga antes de que finalice ese mes
la cuota anual que tiene la obligación
de abonar con la finalidad de contribuir
al funcionamiento de la comisión,
perderá su derecho a voto.
La CBI es el organismo encargado
de la conservación y administración
de las poblaciones de ballenas en
el nivel mundial. Fue creada en 1946,
durante una de las convenciones para
la regulación de la caza de
ballenas, que tienen por objetivo
primordial proteger a esos cetáceos
e impedir su desaparición como
consecuencia de la caza indiscriminada.
Con tal finalidad, desde 1986 hasta
la fecha ha estado vigente en forma
ininterrumpida la moratoria de la
caza comercial de todas las especies
de ballenas. Una medida que, año
tras año, provoca encendidas
discusiones. En esos debates suelen
enfrentarse los propugnadores de la
posición conservacionista -entre
los cuales se cuentan Australia, los
Estados Unidos, Francia, Italia, México,
Gran Bretaña, Sudáfrica
y la Argentina-, que promueven la
continuidad de dicha moratoria, y
por los defensores de la apertura
de la caza -Japón, Santa Lucía,
St. Kitts y Nevis, San Vicente, Antigua
y Barbuda, entre otros-, que están
en favor del levantamiento de la veda.
La discusión entre esos dos
grupos de países se dirime
mediante una votación cuyos
resultados han permitido, hasta ahora
y por escasa diferencia, la continuidad
de la prohibición. Esa decisión
positiva ha tenido consecuencias afortunadas,
pues ha favorecido la recuperación
de numerosas poblaciones de cetáceos.
Es cierto que la grave y prolongada
crisis económica que está
atravesando nuestro país ha
debilitado notoriamente su capacidad
para honrar los compromisos que ha
contraído de contribuir al
sostenimiento de diversos organismos
internacionales. Sin embargo, podrían
invocarse numerosos argumentos que
tornan aconsejable no pasar por alto
la urgente e imperiosa necesidad de
participar en la mencionada reunión
de Berlín.
Si bien la deuda en cuestión
asciende a 15.750 libras esterlinas
(más o menos el equivalente
de 80.000 pesos), es menester reparar
en que la República Argentina
es actualmente uno de los países
líderes en el turismo de avistaje
de ballenas en el plano mundial, lo
cual le genera ingresos directos del
orden de los sesenta millones de pesos
anuales.
A modo de comparación ilustrativa,
basta citar que el ingreso mundial
producido por venta mayorista de carne
de ballena asciende a unos 41 millones
de dólares anuales, mientras
que el avistaje de ballenas - sin
considerar los otros servicios turísticos
que moviliza-, supera los 780 millones
de dólares anuales.
Este año también será
discutida y votada otra importante
cuestión. Nos referimos a la
propuesta de creación del santuario
ballenero del Atlántico sur,
formulada por Brasil y copatrocinada
por la Argentina. Ambas naciones aspiran
a crear un área gigantesca
de conservación de ballenas,
situada entre las costas de Africa
y América limitadas al Norte
por la línea del Ecuador y
al Sur por la línea fronteriza
norte del ya establecido santuario
ballenero austral.
La creación de esa segunda
zona de protección suministraría
condiciones apropiadas para la preservación
de especies únicas y permitiría
el normal desarrollo de los procesos
ecológicos que son favorables
para el desarrollo de esos animales
marinos.
El Instituto de Conservación
de Ballenas juntamente con otras diez
organizaciones que trabajan en el
cuidado del medio ambiente, le solicitaron
encarecidamente a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación la concreción
de todas las medidas necesarias para
el pago de la cuota anual de 2003.
La cancelación de la deuda
le permitirá a la Argentina
mantener su voz y su voto en la susodicha
reunión de la Comisión
Ballenera Internacional.
La participación de nuestro
país en ese foro resulta esencial,
no sólo por la necesidad de
emitir un sufragio decisivo para favorecer
la conservación de estos fantásticos
mamíferos marinos, sino, asimismo,
porque confirma una tradición
histórica que se remonta a
1925, cuando el abogado argentino
José León Suárez
le entregó a la Liga de las
Naciones un memorando sugiriendo la
creación de un cuerpo legal
para regular la cacería de
dichos cetáceos. A la postre,
esa propuesta se convirtió
en la primera Convención Internacional
para la Regulación de la Caza
de Ballenas.
30 de abril de 2003
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