Una nueva ordenanza
exceptuará a las petroleras
e industrias químicas de seguir
controles anticontaminación.
Los ambientalistas ya pusieron el
grito en el cielo.
Luego de más de dos años
de deliberaciones y de una intensa
presión por parte de la industria,
el gobierno de George W. Bush estableció
una regulación que permitiría
a miles de viejas plantas energéticas,
refinerías de petróleo
y carbón y unidades industriales
actualizar y reemplazar sus equipos
sin tener necesidad de instalar los
nuevos dispositivos anticontaminación.
The New York Times tuvo acceso a
un bosquejo de la nueva reglamentación
a través del grupo ambientalista
Consejo de Defensa de los Recursos
Naturales. La nueva ley constituirá
una gran victoria para las industrias,
ya que las exceptuará de responder
a las normas de protección
ambiental que rigen a partir de la
promulgación de la Ley de Aire
Limpio, en 1977, y que el gobierno
de Bush ha criticado en varias oportunidades.
Estados Unidos nunca suscribió
el Protocolo de Kyoto —firmado
durante la cumbre de Cambio Climático
de 1997—, que es el pacto internacional
que pone límites a la emisión
de gases tóxicos para evitar
el recalentamiento global.
La Agencia de Protección ambiental
(EPA son sus siglas en inglés)
aprovecharía la semana próxima
—cuando el Congreso esté
en receso— para emitir la reglamentación
que legitimará la emisión
de miles de toneladas de agentes contaminantes
en la atmósfera, lo que además
les significará a las compañías
un ahorro de miles de millones de
dólares en equipamientos anticontaminación,
aun cuando incrementarán notablemente
las cantidades de contaminantes emitidos.
La actual reglamentación les
exige a los dueños de las fábricas
la instalación de dispositivos
de control de polución cada
vez que realizan algo más que
un mantenimiento de rutina de sus
plantas industriales. Durante mucho
tiempo, las industrias argumentaron
que la norma es ambigua e impide inversiones
sustanciales en limpieza y equipamientos
más eficientes.
La nueva reglamentación señala
que los dueños de las fábricas
podrán renovar hasta el 20%
de sus equipos esenciales de producción
sin tener necesidad de instalar los
equipos anticontaminación.
A fines del año pasado, la
administración Bush había
propuesto flexibilizar la actual normativa
y señaló que el umbral
para requerir dispositivos de control
antipolución debía imponerse
cuando se trataba del reemplazo de
más del 50% de los equipos.
Miembros del Congreso protestaron
y objetaron el proyecto.
Sólo en las últimas
semanas las autoridades de la EPA
establecieron la figura del 20%, luego
de mantener secretas conversaciones
con el gobierno. Según ha trascendido,
la actual administradora de la Agencia
de Protección Ambiental, Marianne
Horinko, firmará probablemente
la nueva ordenanza la semana próxima.
La norma entraría en vigencia
inmediatamente, sin más revisiones
ni comentarios públicos. La
única forma para frenar su
aplicación será a través
de acciones judiciales, algo con lo
que los críticos de la nueva
ley amenazan.
Eliot Spitzer, el procurador general
de Nueva York, dijo que abrirá
un expediente sobre el asunto tan
pronto como se firme la reglamentación.
"Una ley que crea un umbral de
20% destruye el sentido del estatuto",
dijo Spitzer, un conocido demócrata,
en referencia a la Ley de Aire Limpio.
"Esto ratifica que la administración
Bush ha hecho todo por repeler la
ley a través de una orden administrativa".
Las autoridades oficiales, incluso
Marianne Horinko, no quisieron hablar
sobre el asunto. Pero voceros de la
Agencia de Protección Ambiental
confirmaron que el asunto está
siendo tratado.
Para John Walke, director del Proyecto
de Aire Limpio del Consejo de Defensa
de los Recursos Naturales, el gobierno
de Bush "a través de trampas
administrativas arbitrarias autorizará
aumentos enormes en la contaminación
permitida, para beneficio de quienes
contribuyeron a su campaña
presidencial y a costa de la salud
pública". Y agregó:
"Las empresas contaminantes ahora
podrán vomitar al aire más
químicos dañinos, sin
que importe el daño que puedan
causar a millones de personas".
23 de agosto de 2003
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