Las extracciones
que generan conflictos ambientales
y sociales conviven con la inversión
en energías renovables. Ecuador
es el ejemplo más claro del
enfrentamiento entre indígenas
y empresas extractoras. La última
polémica es un oleoducto de
500km que llevará crudo de
la Amazonia al Pacífico.
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| Uno
de los derrames de crudo
en el oleoducto de Esmeraldas
en 1998. |
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Las empresas petroleras han empezado
en los últimos años
a diversificar su actividad y a proyectar
su mejor imagen. ¿Reconversión
sincera? ¿Lavado de imagen?
Shell y BP han hecho su apuesta también
por las energías renovables.
Pero aún se suceden los conflictos
sociales y ambientales entre este
tipo de compañías y
la población local.
Ecuador es un ejemplo de todo ello.
“En Ecuador, la explotación
petrolera ha supuesto la pérdida
de numerosas culturas indígenas;
nos ha traído la muerte de
personas y animales por contaminación,
enfermedades como el cáncer
a causa de los desechos tóxicos
y daños irrecuperables en nuestra
biodiversidad”, explica José
Quenamá, presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
de Ecuador, resumiendo la experiencia
de la explotación petrolífera
en su país. En Ecuador, las
aguas salinas y sucias de la perforación
así como lodos residuales y
sustancias tóxicas procedentes
de la explotación petrolera
se han acumulado en balsas a cielo
abierto junto a los viejos yacimientos,
hasta convertirse en un foco que ha
envenenado ríos, pozos de abastecimiento
y la agricultura. “Las aguas
residuales contaminadas muchas veces
no se reinyectan en la tierra. Se
producen continuos derrames y eso
ha dado lugar a lesiones en la piel,
casos de cánceres y lesiones
digestivas”, ratifica Adolfo
Maldonado, un médico español
que trabaja para Acción Ecológica,
que ha recopilado decenas de estremecedores
testimonios de familias destruidas
por estos problemas (www.accionecologica.org).
Marc Gavaldà, licenciado en
Ciencias Ambientales, ha escrito “La
recolonización” (de próxima
publicación en Icaria), que
resume el tétrico panorama
de esta explotación en América
del Sur.
El conflicto más grave se
ha producido con Texaco, contra quien
los grupos indígenas y campesinos
promovieron en 1993 una demanda para
reclamar 1.000 millones de dólares
por los daños ambientales ocasionados
durante 28 años de explotación
(hasta que Texaco dejó el país
en 1991). Los denunciantes acusan
a la petrolera de haber arrojado al
medio ambiente millones de toneladas
de crudo en derrames del oleoducto
transecuatoriano, así como
toneladas de agua de producción
y desechos tóxicos, utilizando
una tecnología muy contaminante.
Texaco extrajo 1.500 millones de barriles
de crudo en 339 pozos que ocupaban
440.000 hectáreas en Sucumbíos
y Orellana (Amazonia).
La explotación se hizo en
zonas habitadas por indígenas,
cuya colonización les privó
de sus tierras. La admisión
en EE.UU. de demanda contra Texaco,
presentada en la Corte de Nueva York,
fue rechazada hace unas semanas por
los jueces, que han decidido que el
caso debe verse en Ecuador. Texaco,
mientras tanto, aduce que se ha ajustado
al marco legal fijado por los gobiernos
de Ecuador, con los que se pactó
un plan de limpieza.
Todos estos precedentes explican
la oposición en Ecuador a la
construcción del oleoducto
de crudos pesados (OCP), un proyecto
que impulsan siete compañías
internacionales para llevar el petróleo
desde la zona oriental hasta el Pacífico
(Esmeraldas). El oleoducto –un
tubo de 503 kilómetros que
transportará 450.000 barriles
(1 barril = 158,9 l) al día–
está en construcción,
pero no cesa la oposición,
porque se teme que se extienda la
explotación en zonas protegidas
o inalteradas de la Amazonia en donde
viven indígenas quichua, shuar
y achuar.
Entre los promotores del OCP se cuentran
E-Cana, Repsol-YPF, Pérez Companc
y Occidental. “Nos oponemos a
nuevas explotaciones porque no hay
un marco jurídico que garantice
nuestros derechos y que se consultará
a los pueblos. Queremos saber qué
ingresos van al Estado y qué
parte va a las poblaciones”,
explica Quenamá,
Los opositores al OCP dicen que el
anterior gobierno ecuatoriano aprobó
la ruta de conducto antes de que se
aprobara el estudio de impacto ambiental
y sin participación real de
los afectados. El oleoducto atravesará
la reserva de la Selva de las Nubes
Mindo Nambillo, santuario para 450
especies de aves, así como
94 fallas y zonas de volcanes, por
todo lo cual se ha pedido que los
bancos europeos frenen la financiación
del proyecto. A todo esto, Repsol
subraya que el oleoducto tiene licencia
ambiental y que se hicieron estudios
sobre alternativas de las mejores
rutas y que en sus explotaciones (parque
Yasuni) las aguas se reinyectan en
el suelo. Los conflictos con los ogonis
(Nigeria), los u'wa (Colombia) o mapuches
(Argentina) son sólo tres más
de la larga lista de litigios entre
petroleras y poblaciones indígenas.
11 de febrero de 2003
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