La ciudad de Buenos
Aires, así como otros centros
urbanos del país, tienen altos
niveles de contaminación sonora
que se deben a la falta de normas adecuadas
para reducir el problema o al incumplimiento
de las existentes.
La principal fuente de ruido es el
tránsito y, dentro de éste,
el producido por los camiones recolectores
de basura y por los colectivos. Pero
también es importante la incidencia
de los ruidos producidos por locales
comerciales o bailables. Según
las mediciones oficiales y de organizaciones
no gubernamentales, en numerosos puntos
de la ciudad el ruido supera los 80
decibeles, mientras el máximo
tolerable es de 70, según los
estándares de la Organización
Mundial de la Salud. Más allá
de los 70 decibeles, el ruido provoca
lesiones auditivas.
En los últimos tiempos la
Justicia tomó varias decisiones
sobre el tema a partir de denuncias
formuladas por los vecinos. En diciembre
pasado un juez dispuso el secuestro
de un equipo reproductor de música
de un negocio de Palermo y en marzo
otro ordenó a la empresa Autopistas
Urbanas la colocación de paneles
acústicos para amortiguar el
ruido en algunos puntos de la Autopista
25 de Mayo. Más recientemente,
la Justicia condenó a una empresa
de colectivos a indemnizar tres familias
de Villa del Parque, afectadas por
los ruidos producidos en un playón
de estacionamiento lindero a viviendas
familiares.
El hecho de que los damnificados
hayan debido recurrir a la Justicia
para hacer valer sus derechos con
todo el tiempo y el costo que ello
significa, muestra que existe
un déficit normativo en materia
medioambiental o que las autoridades
no hacen cumplir las disposiciones
vigentes.
En el caso de los vehículos
automotores el nivel de ruido se debe
no sólo al aumento de la circulación
sino también a que los automotores
no están sometidos a las exigencias
técnicas que permitirían
reducir la emisión de ruidos.
También es sabido que las quejas
de los vecinos por emisión
de ruidos molestos en locales comerciales
o casas particulares tardan en ser
atendidas y que hay zonas que viven
sometidas en forma permanente a ruidos
provenientes de bares y locales de
baile.
Las autoridades de la Ciudad tienen,
por lo tanto, una deuda en lo que
respecta a evitar la contaminación
sonora, garantizar el cumplimiento
de las normas existentes y proveer
las que sean necesarias para evitar
daños en la salud y en la calidad
de vida de los vecinos.
17 de junio de 2003
Fuente:
PÁGINAS
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