La Comisión
Europea propone como mejor solución
depositar los residuos en profundidad.
Los quince países
de la Unión Europea generan
cada año 40.000 metros cúbicos
de residuos nucleares y sólo
Finlandia y Suecia cuentan con proyectos
serios para enterrar en profundidad
los de alta actividad. La Comisión
Europea, persuadida de que la seguridad
nuclear no puede continuar sólo
en manos de los Estados, va a aprobar
mañana dos propuestas de directiva
para homologar y mejorar los niveles
de seguridad de todas las instalaciones
nucleares e imponer plazos para la
construcción de cementerios
definitivos para los residuos más
peligrosos, que deberán estar
operativos antes de 2018.
La propuesta concreta
de la Comisión Europea es la
de establecer "un calendario
de programas de residuos radiactivos
en general y de almacenamiento en
profundidad de los residuos de alta
actividad en particular", según
el documento preparado por los servicios
de Transporte y Energía que
dirige Loyola de Palacio, que señala:
"Ellos deberán tomar decisiones
sobre la elección del lugar
(nacional o regional), a más
tardar en 2008 para los residuos de
alta actividad, y que el lugar esté
operativo a más tardar en 2018.
Para los residuos de intensidad débil
y vida corta, el almacenamiento debe
realizarse a más tardar en
2013".
Para los expertos
nucleares de Bruselas, encontrar una
solución a los residuos nucleares
de alta actividad es una cuestión
urgente. "Sólo representan
el 5% del volumen total de los residuos
atómicos, pero concentran el
95% de la radiactividad", dice
el documento de la Comisión.
"Cualquiera que sea el porvenir
de la energía nuclear, cualquiera
que sean sus usos, energéticos
o médicos, los residuos nucleares
reclaman soluciones radicales"...
"Es una carga inaceptable para
las generaciones futuras", dice
Bruselas, al subrayar que, además,
es un punto vulnerable desde el punto
de vista antiterrorista.
"Determinar
una fecha dentro de este contexto",
explicaba ayer un experto, "es
un asunto fundamental". "Lo
importante es que los países
tomen una decisión cuanto antes,
lo que no impide que tal decisión
prevea enterrar los residuos lejos
de sus fronteras", explicaron
ayer en el departamento de De Palacio.
Sobre la experiencia acumulada hasta
ahora, según Bruselas, "es
posible afirmar que el sistema de
almacenamiento en profundidad es hoy
la opción más factible
y fiable".
Problema técnico
El problema es que
en la UE actual integrada por 15 países,
sólo dos (Finlandia y Suecia)
han optado ya por este sistema y tienen
planes serios para enterrar sus residuos
de alta actividad, a pesar de lo cual,
según la Comisión, los
cementerios nucleares elegidos no
podrán ser una realidad antes
de 2015-2020.
El problema es técnico,
no económico, pues Bruselas
también señala que los
costes del almacenamiento "representan
un porcentaje reducido del coste total
del kilowatio/hora".
La puesta en marcha
de la directiva sobre seguridad nuclear
no obligaría en principio a
elevar el nivel ya existente en la
actual UE, pues la referencia es la
establecida por la Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA).
Sin embargo, su aprobación
será crucial, pues a partir
de ese momento los países miembros
de la UE (que serán ya 25 dentro
de dos años) estarán
obligados a garantizar fondos financieros
externos de desmantelamiento con informes
trienales sobre los mismos y, además,
se controlarán desde Bruselas
los sistemas de control nacionales.
Para la Comisión
Europea es fundamental, en términos
generales, que los niveles de seguridad
y los controles estén homologados
y que, a su vez, Bruselas disponga
de una base jurídica -las dos
directivas-, a través de la
cual imponer multas a los países
que incumplan unas normas que evolucionarán
y se irán adaptando a los nuevos
estándares de seguridad. Se
propone que dicho marco jurídico
esté listo para enero de 2004,
justamente la fecha prevista para
la ampliación.
La directiva marco
de seguridad nuclear que se propone,
y sobre la cual son los gobiernos
y el Parlamento Europeo los que dirán
la última palabra, tendrá
en cuenta no sólo las centrales
electronucleares, sino todas las instalaciones
nucleares.
En ocasiones, como
ha señalado Bruselas en las
negociaciones de ampliación
de la UE, es más peligroso
el manejo de elementos nucleares,
por ejemplo en los hospitales, que
en las centrales, ya que aquellos
apenas si están sometidos a
control alguno.
La Comisión
Europea considera imprescindible también
llegar a un acuerdo con Rusia sobre
el comercio de materiales nucleares,
algo muy habitual sobre todo entre
aquel país y los próximos
miembros de la UE. Finalmente, Bruselas
cree que el impacto de las normas
propuestas será mínimo
en España, ya que su modelo
está en línea con los
proyectos de directivas.
Desmantelamiento
masivo, caro y arriesgado
La ampliación
de la UE, a la que en dos años
se sumarán diez países
(Lituania, Letonia, Estonia, Polonia,
Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta)
ha sido el detonante para que Bruselas
proponga con cierta urgencia unas
normas legales que garanticen la seguridad
nuclear en todo su territorio.
De los 26 reactores
que poseen en total varios de los
países candidatos (entre ellos
los de Rumania y Bulgaria, que llegarán
a la UE en 2007), Bruselas ha logrado
acordar el desmantelamiento anticipado
de ocho de ellos antes de 2010 a un
coste en parte financiado con fondos
europeos de preadhesión y fondos
futuros. Dos de ellos, los de la central
lituana de Ignalina, son del mismo
diseño que la central de Chernóbil,
donde en 1986 se originó el
peor accidente nuclear de la historia.
Pero en el plazo
de veinte años otros países
de la Unión Europea, como Suecia,
Bélgica o Alemania, van a acometer
también el cierre masivo de
centrales nucleares que, como en los
países del Este, requiere sistemas
que garanticen un desmantelamiento
seguro, lo que sólo se puede
acometer con estándares precisos
y con muchos millones de euros.
Se calcula que el
desmantelamiento de un reactor nuclear
cuesta aproximadamente el 15% de la
inversión necesaria de cada
reactor, lo que equivale a una suma
de entre 200 y 1.000 millones de euros
por cada uno de ellos. Por esta razón,
la Comisión Europea cree imprescindible
que se garantice la existencia de
recursos financieros a largo plazo,
sobre un horizonte de una década.
La novedad está
en que la directiva exigirá
que se constituyan "fondos externos
de desmantelamiento" ajenos a
los que exploten la central nuclear
bajo una fórmula jurídica
de separación de la propiedad.
"Es la mejor opción para
lograr el objetivo de desmantelar
las instalaciones con todas las condiciones
de seguridad requeridas".
La directiva que
mañana propondrá la
Comisión Europea prevé
que haya informes trienales sobre
estos fondos externos, previamente
a lo cual señala la necesidad
de armonizar los métodos de
estimación de los costes futuros
de los cierres nucleares.
5 de noviembre de
2002
Fuente: 
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