La amenaza de
un proyecto minero en el valle agrícola
más rico del Perú y
la violación de derechos humanos.
Tambogrande, uno
de los valles agrícolas del
Perú, ubicado al noreste de
la provincia de Piura, con una población
estimada en 72,736 habitantes de la
cual la mayor parte es joven y rural,
vive en la actualidad uno de los conflictos
más importantes de su historia
que amenaza la sostenibilidad y sustentabilidad
de su desarrollo ante la amenaza del
ingreso de la actividad minera en
la zona por parte de la empresa canadiense
Manhattan Minerales Corporation.
Actualmente el gobierno del Perú,
a través de la autoridad del
sector (Ministerio de Energía
y Minas) tiene la última palabra
para decidir si aprueba o no el Estudio
de Impacto Ambiental presentado por
la empresa minera Manhattan, estudio
que tiene serias falencias y cuestionamientos
técnicos hechos por expertos
independientes. Hasta el momento el
gobierno peruano ha hecho caso omiso
a la voluntad mayoritaria manifestada
por la población tambograndina
en la consulta vecinal realizada en
junio de 2002 donde ha rechazado la
realización de actividad minera
en la zona y ha reafirmado su opción
por el modelo de desarrollo agroexportador.
Valor económico del Valle
Este fructífero Valle representa
el 40 % de la producción de
limón y mango nacional. La
exportación de mangos da ingresos
por 20 millones de dólares.
De ello, se estima una ganancia neta
de entre 7 y 10 millones de dólares
para los exportadores locales.
San Lorenzo y Tambogrande exporta
sólo el 40% de su producción
de mango y el 5% de su producción
de limón, lo que supone un
enorme potencial para ofertar internacionalmente
sus productos.
La producción de alimentos
agrícolas anuales es de más
de 400 mil toneladas, dando Tambogrande
empleo a no menos de 15.000 trabajadores
agrícolas directos frente a
los 500 puestos de trabajo que ofrece
la empresa minera de ingresar a la
zona. El valor económico en
riesgo del valle por la actividad
minera es de $ 2.153 millones.
Los U$S 33 millones de ingreso neto
promedio anual logrado actualmente
por los agricultores y trabajadores
agrícolas en el valle de San
Lorenzo sería 4 veces superior
al monto total conformado por el ingreso
que recibiría el Estado por
impuestos y el correspondiente al
total de las remuneraciones que percibirían
los trabajadores de la empresa minera,
sin contar que una vez recibido el
ingreso por impuestos, el Estado no
garantiza el retorno sino una parte
muy reducida a través de los
gobiernos locales, sin llegar a las
comunidades campesinas. El ingreso
neto del valle es más de 30
veces la suma de lo que se percibiría
como canon más el que recibiría
los trabajadores locales de la empresa
minera.
Irregularidades en la concesión
minera
Durante el gobierno de Alberto Fujimori
(1999), se autorizó mediante
Decreto Supremo (N° 014-99-EM)
el otorgamiento de derechos mineros
en esta zona a la empresa Manhattan
Minerals Corp, poniendo en riesgo
con ello el éxito logrado en
el valle y un futuro promisorio.
Este Decreto Supremo violenta el
sistema jurídico nacional,
al ir contra leyes y contra procedimientos
constitucionales (artículo
5 de la Ley 25284, artículo
1 y 2 de la ley 27015, artículo
4 de la ley 26505 y su Reglamento
y artículo 71 de la Constitución).
Además contradice los principales
enunciados del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas.
Contradice abiertamente el sentir
de la población y de las autoridades
locales que se encuentran satisfechos
con los resultados obtenidos hasta
el momento, aunque, por supuesto,
con la expectativa de superar sus
metas actuales.
A esto se suma que el Estudio de
Impacto ambiental sobre el que se
determinan si procede o no el proyecto
minero es realizado por al propia
empresa que interesada en ejecutar
el proyecto, lo que no garantiza imparcialidad
ni confianza.
Amenazas del proyecto minero y
violación de los derechos humanos
El proyecto minero está ubicado
en el epicentro del Fenómeno
de El Niño, en donde las lluvias
son torrenciales, haciendo de las
canchas de relave y el tajo abierto
una amenaza constante de contaminación.
El proyecto minero competiría
con la agricultura por el recurso
del agua, que de por si ya es escaso
en la zona. Además la geología
del área permitiría
una rápida y peligrosa formación
de ácidos que afectaría
la calidad del agua superficial y
subterránea. En estos dos casos
la agricultura resultaría perjudicada.
Se afectaría la zona urbana
del distrito, teniendo que desalojarse
aproximadamente a 1.500 familias violándose
su derecho a la vivienda e incumpliéndose
la normatividad nacional vigente que
prohíbe que se afecte o dañe
al pueblo.
La contaminación afectaría
la agroexportación de frutos
que anualmente representa un ingreso
de 20 millones de dólares para
los agricultores locales, lo que significaría
pérdida de los puestos de trabajo
que brinda la agricultura en el Valle
que son alrededor de 15.000.
La población no ha otorgado
la licencia social para la realización
del proyecto puesto que nunca fue
consultada sobre el mismo y más
bien haciendo uso de los causes institucionales
y democráticos manifestó
su opción por el modelo agroindustrial
y la no pertinencia en la zona de
la actividad minera.
El deficiente Estudio de Impacto
Ambiental presentado por la empresa
Manhattan, no hace más que
reflejar la falta de argumentos para
evitar el daño ambiental en
la zona que se produciría afectando
los derechos humanos de la población
consagrados en la Constitución
Política del Estado y en los
Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos como la Convención
Interamericana de DDHH, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales.
Los dirigentes populares del Frente
de Defensa de Tambogrande son continuamente
amenazados, agredidos por agentes
de la empresa minera y hostilizados
a través de denuncias policiales,
llegándoseles hasta aperturar
procesos judiciales a fin de disuadirlo
de continuar en la defensa del Valle.
En abril del año 2,001 ya fue
asesinado el Presidente del Frente
de Defensa del Valle, el Ingeniero
Godofredo García Baca, quien
recibía continuas amenazas,
los pobladores responsabilizan a la
empresa minera de esta muerte.
El Ministerio de Energía y
Minas ya ha programado las Audiencias
Públicas para la presentación
del Estudio de Impacto Ambiental (5,6,
y 7 de noviembre), esto constituye
casi la última etapa para que
el gobierno decida la procedencia
o no del proyecto en la zona. El Estado
peruano tiene el 20 % de acciones
en este proyecto minero, constituyéndose
en juez y parte. La población
que ha buscado por todos todos los
causes institucionales ser escuchada
ha manifestado democráticamente
en la Consulta Vecinal realizada en
junio del 2,002 su rechazo a la actividad
minera en la zona reafirmando su opción
por el modelo de desarrollo agroindustrial,
y no considera razonable que se violenten
sus derechos y que se cambie su opción
de desarrollo que posibilita un futuro
sostenible y sustentable a sus hijos.
Por ello las organizaciones de derechos
humanos como la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos del Perú
(coalición que agrupa a 61
organismos de derechos humanos en
el país), otras organizaciones
de derechos humanos y ambientalistas
colabora y acompaña al pueblo
de Tambogrande en la defensa de sus
derechos humanos amenazados.
Así mismo diversas organizaciones
y redes internacionales como Amnistía
Internacional, Rights and Democracy
de Canadá, Misión Belén
de Suiza, Campaña Mundial de
los Bosques, Oilwacht, Seen (USA),
Equipo Nizkor (España), Friends
of Heartt (Netherland), Serpaj Europa
y el Parlamento de Barcelona, se han
pronunciado invocando al gobierno
peruano que respete la decisión
del pueblo de Tambogrande.
Hacemos un llamado a otras redes,
organizaciones y líderes políticos
comprometidos con la defensa de los
derechos humanos a que pronuncien
y se adhieran a esta justa causa e
invoquen al gobierno peruano y a las
autoridades competentes que respete
la decisión manifestada por
la población Tambograndina
y desapruebe el Estudio de Impacto
Ambiental presentado por la empresa
minera Manhattan y ponga fin a este
conflicto, y devuelva con ello tranquilidad
y la posibilidad de un futuro sostenible
a la población.
28 de octubre de 2003
Fuente: 
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