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La "venta de
servicios ambientales" se ha
convertido en el nuevo paraguas conceptual
para justificar la mercantilización
y privatización de servicios
y recursos básicos, socavando
valores culturales y éticos,
principalmente entre las comunidades
indígenas y campesinas.
Dentro de este concepto se engloban,
entre otros, la venta del uso de los
bosques como "sumideros de carbono",
el uso de las cuencas hídricas,
la venta de servicios de la biodiversidad,
incluyendo la biopiratería
y el ecoturismo.
El concepto "servicios ambientales"
se basa, deformándolo, en el
reconocimiento que propone la economía
ecológica de los desequilibrios
que ha creado la sociedad capitalista
por la destrucción ambiental
y el abuso de los recursos naturales
con la consiguiente erosión
cultural. Este origen ha llevado a
muchas organizaciones y comunidades
a caer en esta nueva trampa de mercado.
Otras lo han visto como fuente de
recursos. Estas últimas, muchas
veces asociadas con las trasnacionales
más contaminantes, como las
petroleras y las de automóviles,
que desde los inicios de esta nueva
modalidad de comercializar la biodiversidad
vislumbraron la oportunidad de justificar
la contaminación haciendo al
mismo tiempo un jugoso negocio. Esta
visión transforma los bosques,
las cabezas de cuencas, los cauces
de los ríos, los mantos freáticos,
los recursos genéticos y los
conocimientos indígenas y la
belleza de un paisaje en "capital"
y mercancías redituables que
pueden ser comerciadas por quien se
atribuya su propiedad y tenga dinero
para comprarlas.
Por ejemplo, en el caso del uso de
bosques como "sumideros de carbono"
se han promovido -en general con subsidios
públicos- las plantaciones
de especies de rápido crecimiento
como eucaliptos y pinos, que tienen
alto grado de impacto ambiental negativo,
no pueden ser consideradas "bosques"
y ni siquiera cumplen con su papel
de "sumideros" luego del
periodo de crecimiento inicial. Pero
aun con el uso de otras especies o
de bosques existentes se establece
una relación mercantil que
en lugar de resolver las causas de
la contaminación -por ejemplo
las emisiones excesivas de dióxido
de carbono del hemisferio norte, que
provocan el calentamiento global-
ofrecen a los contaminadores la opción
de pagar para continuar contaminando.
Les sale barato y no faltan quienes,
como Mitsubishi, han visto en este
"mercado de carbono" una
oportunidad de especulación:
compran estos "derechos de emisión"
a bajo precio en el sur para luego
revenderlos a precios mayores en el
norte.
También las empresas biotecnológicas
y farmacéuticas están
felices de que con algún mínimo
pago sus actividades de biopiratería
y privatización de recursos
colectivos no sólo queden justificadas,
sino que haya organizaciones no gubernamentales
y gobiernos que les hagan el trabajo
sucio de promover el uso de patentes
sobre seres vivos y conocimientos
indígenas porque así
se pueden contabilizar y "repartir
los beneficios" de la venta de
la biodiversidad.
Siendo este esquema de pago de servicios
ambientales un mercado potencial importante,
fue financiado tempranamente por instituciones
como el Banco Mundial para promover
su uso, pero ahora ha sido incorporado
a las negociaciones de los tratados
de libre comercio, desde la OMC hasta
el ALCA y el TLC EU-Centroamérica,
donde se propone facilitar y eliminar
los impedimentos para que el comercio
de servicios ambientales pueda florecer
sin trabas.
Uno de los aspectos más perversos
de este nuevo mercado es que en lugar
de reconocer los derechos colectivos
integrales culturales, económicos,
sociales y políticos de los
actores de la biodiversidad -pueblos
indígenas, campesinos, comunidades
pesqueras y otras que por milenios
han conservado y aumentado la biodiversidad-,
los transforman en mercaderes de los
recursos y conocimientos, con el agregado
de que en un mercado competitivo no
todos podrán participar. Se
crean así nuevas fuentes de
conflictos dentro y entre las comunidades,
para ver quiénes llegarán
primero a vender a su nombre los recursos
colectivos. Al comienzo los pagos
por servicios ambientales son a menudo
otorgados como "subsidios"
para un supuesto esquema de "manejo
sustentable". Cuando estos subsidios
se terminan y las comunidades no pueden
seguir con determinadas actividades
planteadas, de pronto se transforman
en depredadores y alguna empresa "tiene"
que hacerse cargo de sus recursos
en nombre de la "sustentabilidad".
Esta lógica se describe bien
en el Informe sobre pago por servicios
ambientales en México, coordinado
por John Burnstein (enero 2002), donde
se aclara que "el Pago por Servicios
Ambientales (PSA) describe la estrategia
de una clase emergente de proyectos
de desarrollo sustentable que encuentran
su sentido en la valoración
económica de los recursos naturales
y la biodiversidad. El PSA representa
una síntesis del ambientalismo
con el liberalismo (y su empoderamiento
de mecanismos del mercado)."
Abunda: "trabajar con pequeños
productores probablemente implique
costos de transacción más
altos que, por ejemplo, el mismo servicio
ambiental ofrecido por un gran terrateniente".
Silvia Ribeiro es
investigadora del Grupo ETC
2 de octubre de 2002
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