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Un giro trascendental tomó
el tema de la laguna La Picasa con
la presentación del pedido
de dos medidas cautelares por parte
de la Fiscalía de Estado de
la provincia ante la Corte Suprema,
de Justicia de la Nación. Ahora
Santa Fe quiere impedir la entrada
de agua que llega desde Buenos Aires,
al tiempo que insiste en que se modifique
el recurso de amparo interpuesto ante
la Justicia por esa provincia para
impedir el funcionamiento de la canalización
denominada alternativa norte. A cambio,
Santa Fe propone activar, esta obra
para enviar el líquido bajo
condiciones controladas.
La decisión del gobernador
Carlos Reutemann de presentar ambas
medidas cautelares para mitigar el
problema de los anegamientos en el
sur provincial da un vuelco total
a la estrategia con la que se venía
trabajando el tema. Desde hace tiempo
los productores insistían en
que, además de buscar una salida
para el agua también debería
impedirse el ingreso de la misma al
territorio provincial.
Anteayer la Fiscalía de Estado,
con la asistencia técnica de
la Dirección Provincial de
Obras Hidráulicas, presentó
ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación los dos pedidos
de dictado de medidas cautelares.
En este mismo ámbito judicial
debía celebrarse ayer una audiencia
conciliatoria entre las provincias
involucradas en el tema de los anegamientos
(Córdoba, además de
Buenos Aires y Santa Fe), pero la
misma quedó postergada hasta
nuevo aviso.
La primera de las medidas cautelares
que solicita el gobierno santafesino
tiene que ver con la modificación
del recurso similar vigente interpuesto
por la provincia de Buenos Aires ante
esa Corte. Consta de cuatro propuestas
que tienen como objetivo lograr que
se permita drenar el agua garantizando
un escurrimiento controlado.
Se propone habilitar el canal alternativa
norte que permitirá conducir
un caudal de 5 metros cúbicos
por segundo, desde la laguna La Picasa
hacia el río Salado, para lo
cual es necesario quitar los 20 tapones
que obligó a colocar la Justicia
ante el pedido de Buenos Aires. Además
se sugiere incrementar la capacidad
de regulación de la obra con
la colocación de compuertas
móviles en las seis alcantarillas
reguladoras existentes a lo largo
de la traza del canal aguas debajo
de las principales lagunas; así
disminuirá el ingreso de agua
al territorio bonaerense.
También se propone realizar
el bombeo desde la laguna La Picasa
hacia el Salado en los meses en que
este curso de agua tenga un nivel
bajo o medio. Otra idea es conformar
una comisión técnica
interjurisdiccional entre las provincias
y la Nación, encargada de monitorear
y definir la política de exportación
de caudales desde la laguna y el funcionamiento
de las regulaciones.
Obras clandestinas
La segunda medida cautelar presentada
es una innovación porque apunta
a controlar el ingreso de agua al
territorio provincial por lo que solicita
que Buenos Aires regule o tapone las
obras clandestinas que efectuó
aguas arriba de La Picasa y en la
cuenca del arroyo Salado, brazo de
la laguna La Pantanosa, que producen
la derivación de aguas y el
aceleramiento del escurrimiento de
las mismas hacia la laguna santafesina,
que no para de crecer en forma geométrica.
Los puntos cuya regulación
se pide son: el canal El Indio en
la zona de Alberdi e Iriarte; el ingreso
de agua desde Cañada Seca y
zona al oeste; el alcantarihado y
canales ejecutados; y los canales
sobre los caminos y en campos ubicados
en la zona de Villa Saboya y Cañada
Seca. Además, la provincia
de Santa Fe toma reservas de otras
constataciones de obras clandestinas
que pudieran corresponder en el futuro.
Pocas semanas atrás, Hidráulica
de la provincia realizó junto
a los productores un relevamiento
que permitió detectar las entradas
clandestinas de agua al territorio
santafesino. Este prueba fue uno de
los argumentos más fuertes
que siempre esgrimieron los afectados
por los anegamientos a la hora de
plantear las soluciones.
14 de setiembre de
2001
Fuente: 
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