Los ecologistas
dicen que se está violando
la Constitución Nacional. Decenas
de entidades ambientalistas advirtieron
que el Senado aprobó un acuerdo
con Australia que da pie para procesar
esos residuos · Este compromiso
surge a partir de la venta de un reactor
de la empresa INVAP a ese país.
Greenpeace y otras 70 organizaciones
ambientalistas denunciaron ayer que,
"sin ninguna evaluación
previa", el Senado aprobó
sobre tablas un convenio internacional
con Australia que abre la puerta al
ingreso de residuos nucleares desde
ese país, lo que está
prohibido por la Constitución.
Con el mismo trámite expeditivo,
el acuerdo estuvo a punto de ser tratado
ayer por la Cámara de Diputados.
Ese convenio de cooperación
da marco a la venta de un reactor
nuclear desarrollado por la empresa
estatal INVAP, con sede en Bariloche.
Por este documento, firmado por los
gobiernos argentino y australiano
el 8 de agosto pasado en Canberra,
nuestro país se compromete
-en caso de pedírselo Australia-
a procesar los residuos radiactivos
resultantes del funcionamiento del
reactor.
Tras ganar una licitación
internacional, INVAP -que también
fabrica satélites espaciales-
firmó el convenio con la autoridad
nuclear australiana (ANSTO) el 13
de julio de 2000. Si bien el contrato
por 180 millones de dólares
fue celebrado calurosamente por el
Gobierno, el diputado José
Corchuelo Blasco cuestionó
que nunca dio a conocer su texto,
"amparándose en medidas
de seguridad comercial".
El punto conflictivo del convenio
trascendió en octubre de 2000,
a raíz de una investigación
del Senado australiano. Sucede que,
antes de refrendar el documento, los
legisladores de ese país quisieron
asegurarse de que no violara la legislación
argentina. Fue así como las
entidades ecologistas de nuestro país
supieron que una de las condiciones
para adjudicar la obra a INVAP era
que la empresa argentina garantizara
el tratamiento del combustible radiactivo
que gaste el reactor.
"Lo que objetan las ONGs es
una cláusula del acuerdo del
INVAP con ANSTO; no tienen por qué
cuestionar el convenio de cooperación
nuclear con Australia, que es igual
a los que se han firmado con otros
países", consideró
el diputado Marcelo Stubrin (UCR-Alianza),
titular de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Juan Carlos Villalonga, coordinador
de la campaña de energía
de Greenpeace, le replica con el artículo
12 del convenio de cooperación,
que establece que "cuando se
irradie combustible en un reactor
de investigación provisto por
la Argentina a Australia, si así
fuere solicitado, la Argentina asegurará
que dicho combustible sea procesado
o acondicionado mediante arreglos
apropiados a fin de hacerlo apto para
su disposición en Australia".
El ambientalista admite que el texto
no especifica que ese proceso se hará
en la Argentina. Pero agrega un dato:
"Actualmente, Australia envía
sus residuos nucleares a Francia que,
junto con Gran Bretaña, son
los dos únicos países
que hacen su tratamiento para terceros.
Lo que pasa es que ese contrato está
por ''caerse''". Y recuerda el
texto del artículo 41 de la
Constitución: "Se prohíbe
el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente
peligrosos y de los radiactivos".
Si la firma del acuerdo entre INVAP
y ANSTO había sido divulgada
como un logro de la tecnología
argentina, el tratamiento del convenio
de cooperación con Australia,
en cambio, fue silenciado por el Senado.
El texto, remitido por el Poder Ejecutivo,
llegó a mesa de entradas el
30 de octubre y el 7 de noviembre
-sin ser analizado por ninguna comisión-
fue tratado sobre tablas. Todos los
legisladores presentes levantaron
la mano.
Al pedir su aprobación, el
senador Eduardo Menem, presidente
de la Comisión de Relaciones
Exteriores, dedujo que el artículo
41 sólo "trata de impedir
que la Argentina se constituya en
un basurero nuclear de los países
centrales". También instó
a "interpretar correctamente
la palabra ingreso", al considerar
que "la Constitución se
refiere a aquel material que viene
para quedarse en el país".
Pero en el caso de los futuros residuos
australianos, agregó Menem,
"este material ingresa para ser
luego reexportado, una vez que haya
sido condicionado".
Los ecologistas subrayan que la
Constitución no distingue entre
el ingreso definitivo de residuos
y el temporario. Ayer, cuando Clarín
preguntó al INVAP cuántos
años permanecerían esos
desechos en el país para cumplir
con el proceso de vitrificado, Héctor
Otheguy, gerente general, se limitó
a decir: "No queremos volver
a entrar en esos temas". Y agregó
que el contrato fue estudiado por
tres reconocidos constitucionalistas:
Jorge Vanossi, Félix Loñ
y Mariano Cavagna Martínez.
Existe otro "problema semántico"
más. Guillermo Urribarri, asesor
del senador Antonio Cafiero (titular
de la Comisión de Recursos
Naturales), sostuvo que "el criterio
que tiene el cuerpo es que no se trata
de residuos radiactivos sino de combustible
gastado". Para esto se basa en
la Convención de Viena de 1997,
ratificada por la Argentina en 2000.
Para rebatirlo, Greenpeace remite
a las definiciones de la Comisión
Nacional de Energía Atómica,
y a la Ley de Residuos Radiactivos,
que claramente incluyen al combustible
irradiado dentro de los residuos radiactivos.
El tema estuvo ayer a punto de ser
tratado por Diputados. "El oficialismo
y el PJ lo intentarán la semana
próxima -protestó Jorge
Giles (ARI), secretario de la Comisión
de Recursos Naturales-. Inventan trucos,
pero la única manera de escabullir
a la ley y a la Constitución
es mentir".
Alerta de Greenpeace
Entrenado en la lectura de la letra
chica, el coordinador de la campaña
de energía de Greenpeace, Juan
Carlos Villalonga, advierte que el
convenio de cooperación nuclear
con Australia entraña otro
peligro: habilita a la Argentina para
convertirse en un país productor
de plutonio con fines comerciales,
un mineral radiactivo de uso militar.
El artículo 12 del acuerdo
aprobado por el Senado dice que "Australia
podrá dar consentimiento previo
por escrito (a la Argentina) para
el reprocesamiento a fin de recuperar
el material nuclear para su uso ulterior".
Ese plutonio sería extraído,
recuperado, de los desechos del reactor
nuclear a instalar en Australia por
la empresa estatal argentina INVAP,
y que ambos gobiernos pretenden sean
tratados en nuestro país.
"El plutonio es el elemento sensible
por excelencia en cuanto a usos militares,
lo que implica que está expuesto
a riesgos de robo y de sabotaje. -apunta
Villalonga-. Después de los
atentados del 11 de setiembre en los
Estados Unidos, las plantas reprocesadoras
de residuos radiactivos de Francia
y Gran Bretaña se encuentran
en alerta máxima, ya que son
un blanco predilecto. Meterse en ese
negocio es una decisión política
de peso. Avalar este acuerdo implicaría
una interpretación que desactiva
por completo nuestra Constitución,
y convierte a la Argentina en un procesador
de basura nuclear externa. Y esto
abriría la puerta para otros
contratos".
Pedido de informes
"En Diputados hicimos un pedido
de informes al Poder Ejecutivo sobre
la venta del reactor a Australia,
pero no nos respondió -se quejó
José Corchuelo Blasco (PJ Chubut)-.
Acuerdo con exportar tecnología
y orgulloso de que proceda del sur,
pero defiendo una Patagonia libre
de residuos nucleares".
15 de noviembre de
2001
Fuente: 
|
cargando el contenido
