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La Red Nacional
de Acción Ecologista (RENACE)
que nuclea a 78 ONGs de todo el país,
advirtió “sobre los riesgos
de la explotación indiscriminada
de nuestros recursos pesqueros que
realizan buques factorías de
origen extranjero”.
La RENACE manifestó ”su
profunda preocupación por el
ingreso de buques factoría
extranjeros de pesca de especies no
excedentarias, bajo bandera y jurisdicción
argentina, que afectan el equilibrio
socio ambiental de las pesquerías”.
También rechaza “la privatización
de los derechos de captura de recursos
patrimoniales argentinos” y presiona
“para que sea el Estado el administrador
último”. Además
la RENACE denuncia “la falta
de mecanismos de consulta institucionalizados
en materia de políticas pesqueras”.
El duro cuestionamiento está
contenido en la Resolución
Nº 8/03 que aprobó la
Asamblea 26 de la RENACE, y que se
desarrolló en la localidad
de Vaquerías, Córdoba.
Al encuentro asistieron 78 organizaciones
ambientalitas no gubernamentales de
18 provincias del país quienes
analizaron y buscaron soluciones para
los problemas ambientales más
graves de Argentina.
Ernesto Godelman de la organización
ambientalista CEDEPESCA (Centro en
Defensa de la Pesca Nacional) de Mar
del Plata, indicó que “existen
dos zonas marítimas bien diferenciadas.
Una que se extiende desde la costa
hasta la milla 12, que es jurisdicción
provincial, y la otra que se extiende
desde la milla 12 hasta la 200. Es
la zona económica exclusiva,
de jurisdicción nacional. Esta
parte oceánica con todos los
recursos vivos y no vivos que existen
son un bien común de todos
los argentinos. Lo que pasa es que
como es de jurisdicción nacional,
las provincias con litoral marítimo
a veces abandonan el interés
por la administración de estos
recursos”. Godelman advirtió
que esto “es peligroso para la
supervivencia de nuestros recursos
pesqueros” e instó a todos
los argentinos “a interesarse
por la problemática pesquera”.
El ambientalista explicó que
“tenemos un capital natural muy
rico que nos pertenece a todos y por
eso tenemos la responsabilidad de
protegerlos y de interesarnos sobre
la administración de dichos
recursos”.
La actual Ley de Pesca 24.922 tiende
a consolidar jurídicamente
los derechos de los competidores pesqueros
extranjeros en territorio de jurisdicción
nacional. Por ello esta ley requiere
una reforma, “porque es necesario
la presencia de un Estado regulador,
porque el mercado no está en
condiciones de asignar eficientemente
todos los recursos”, sostuvo
Godelman. “La normativa permite
la asignación de una cuota
individual de captura a cada buque
y la posibilidad de que esa cuota
sea comercializada libremente, creando
un mercado libre de cuotas. El ingreso
de una gran flota europea, a través
de la compra y venta de estas cuotas
facilitó a la concentración,
la adquisición de cuotas y
el control de la actividad pesquera
por parte de países extranjeros.
El proceso de concentración
está muy relacionado con el
proceso de ingreso de los excedentes
de flota europea en aguas argentinas.
La presencia de buques factorías
extranjeros operando en nuestro país
bajo nuestra bandera, rompió
el equilibrio entre capacidad de captura
y capacidad biológica de los
recursos de reproducirse y de autosustentarse”,
explicó el experto.
Godelman también señaló
la existencia de una práctica
bastante perversa en nuestro país
que es el descarte de pescado. “Cuando
el acompañante de otra especie
tiene un valor comercial mucho más
elevado o su tamaño no es comercialmente
rentable, la otra especie se arroja
al agua. Muchas veces los buques van
a buscar merluza, capturan mucho pescado
chico y lo tiran al agua. En el Golfo
San Jorge, el langostino es una especie
que vale unas cinco veces más
que la merluza, entonces cuando se
pesca el langostino la merluza que
la acompaña se tira al agua.
Además se fueron fomentado
las especies carroñeras de
fondo y han ido desplazando a otras
especies bentónicas producto
de la caída de pescado muerto
desde la superficie”.
Ernesto Godelman advirtió
que “se están arrojando
al agua entre 30 y 100 mil toneladas
anuales de merluza” y enfatizó
que esto “es inaceptable desde
el punto de vista del derecho a la
alimentación”.
9 de setiembre de
2003
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