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El 4 de enero
de 1993, cuando era secretaria
de Recursos Naturales, María
Julia Alsogaray prometió
que el Riachuelo estaría
limpio en mil días. Ya
pasaron 3.600 y varias promesas
más, pero el paisaje
sigue inalterado. El único
cambio palpable en la situación
es una consecuencia no prevista
de la crisis. La recesión
provocó que muchas de
las 3.036 industrias radicadas
a la vera del Riachuelo —relevadas
entre 1996 y 1997— cerraran
sus puertas. El efecto mas evidente
es que, según Aguas Argentinas,
disminuyó la contaminación
por residuos industriales.
Sin embargo,
al mismo tiempo aumentó
la otra fuente principal de
contaminación: basura
y desechos cloacales. Esto se
debe a que creció mucho
la cantidad de asentamientos
precarios y la superpoblación
de los existentes, los que arrojan
sus desperdicios al Riachuelo.
La población
de la cuenca Matanza-Riachuelo
es de 4.884.823 personas: el
13,5% de la Argentina. El 64%
se concentra en Buenos Aires
y en los partidos de Almirante
Brown, Avellaneda, La Matanza,
Lanús y Lomas de Zamora.
Medio millón de estas
personas viven en villas de
emergencia, 13 de las cuales
se ubican en el curso inferior
del Riachuelo.
El 55% de
la población de la cuenca
carece de cloacas y el 35% no
tiene agua potable. Los ríos
de la cuenca reciben 368.000
metros cúbicos de aguas
residuales domésticas
por día y sólo
el 5% recibe tratamiento sanitario
previo. Estos datos explican
que una de las razones centrales
de la contaminación reside
en la falta de servicios cloacales.
Esto, además de provocar
daños al ecosistema del
Riachuelo, trae enormes perjuicios
para la población afectada.
Por eso una prioridad debe ser
extender el servicio a todos
los sectores.
Las cifras
de la otra causa de contaminación,
la industrial, son elocuentes:
los cursos de agua reciben 88.500
metros cúbicos de desechos
industriales por día,
mientras que se calcula que
son unas 100 las empresas responsables
del 83% de la contaminación
del agua de origen industrial.
Esto exige
un compromiso fuerte de las
autoridades públicas
en sus distintas jurisdicciones
de competencia (nacional, provincial
y municipal), para efectuar
controles efectivos que impidan
la depredación abusiva
del medioambiente.
Fuente: Diario
Clarín
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