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El pasado
15 de julio, el Banco Mundial
puso en marcha el Fondo de Desarrollo
Comunitario de Carbono. El Fondo
se basa en el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) que consagra el
Protocolo de Kyoto para combatir
el cambio climático,
firmado en 1997. Con el fin
de cumplir de forma más
barata los compromisos establecidos
en Kyoto de limitar a partir
de 2008 sus emisiones en torno
a un 5,2 por ciento respecto
a las cifras de 1990, el MDL
permite a empresas y gobiernos
de países desarrollados
invertir en reducciones de emisiones
de gases de efecto invernadero
en naciones pobres.
Con esta iniciativa
los Estados del Tercer Mundo
reciben inversiones del extranjero
en fuentes de energía
limpias o menos contaminantes
en su propio territorio y los
países desarrollados
pueden cumplir con lo acordado
en Kyoto de forma más
económica, ya que la
reducción de las emisiones
cuesta menos en lugares de tecnología
más atrasada.
Estos “certificados
de reducción de emisiones”
serán autorizados formalmente
tan pronto como el Protocolo
de Kyoto entre en vigor, es
decir, 90 días después
de que lo ratifiquen al menos
55 países que sumen el
55 por ciento de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
En la actualidad, 111 son los
firmantes, pero sólo
representan el 44,2 por ciento
de las emisiones. Las ausencias,
principalmente, de Estados Unidos
(causante de una cuarta parte
de las emisiones mundiales)
y Rusia, país que genera
el 17,4 por ciento, impiden
su entrada en vigor.
El objetivo
del Fondo es alcanzar los 100
millones de dólares.
De momento, tiene compromisos
por valor de 35 millones de
dólares, la mayoría
perteneciente a empresas privadas.
Es el caso de las firmas japonesas
Daiwan Securities, Nippon Oil
y Okinawa Electric; la alemana
BASF y la española Endesa.
Uno de los motivos de las compañías
para contribuir al programa
es aprender el funcionamiento
del rudimentario mercado, en
el que las certificaciones de
reducciones de emisiones podrían
usarse como moneda de cambio
en el futuro, según el
director ejecutivo de la Asociación
Internacional de Comercio de
Emisiones, Andrei Marcu. Los
Gobiernos de Canadá,
Holanda e Italia también
apoyan con recursos el programa.
Entre los
quince proyectos iniciales destaca
el desarrollo de energía
solar en los altiplanos de Bolivia,
que abastecerá de electricidad
a 20.000 viviendas. En Colombia,
el Fondo dedicará casi
un millón de dólares
para que las familias que poseen
pequeños ingenios azucareros
en Utica utilicen como combustible
el bagazo de caña, en
lugar de neumáticos (una
práctica altamente contaminante),
para transformar la panela en
melaza. Otros proyectos intentarán
reducir los gases invernadero
emitidos por manufacturas de
ladrillos, sistemas de calefacción
y fábricas de té,
en Nicaragua, Vietnam, Kenia,
Sudáfrica o India.
Uno de los
requisitos de los proyectos
es que los habitantes de la
zona estén involucrados
en el funcionamiento del proyecto,
a fin de que estas iniciativas
“promuevan además
el desarrollo económico
de las comunidades afectadas”.
El tercer
informe de evaluación
del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático,
un organismo auspiciado por
Naciones Unidas que agrupa a
más de 2.000 científicos
de todo el mundo, ya advertía
en 2001 de que “los efectos
más dañinos del
cambio climático se espera
que sean en los países
en vías de desarrollo
en términos de pérdidas
de vida y en lo relativo a las
inversiones y economía”.
Por ello, la iniciativa nace
con la idea de compensar el
ostracismo al que vienen siendo
sometidos los países
pobres en el comercio de reducciones
de emisiones contaminantes.
“Los países, como
el mío, que serán
más afectados por el
cambio climático han
sido ignorados en la compra
y venta de emisiones”,
protesta Emily Ojoo Massawa,
coordinador de cambio climático
de la Autoridad Nacional de
Gestión medioambiental
de Kenya. Los datos la dan la
razón: según el
último informe del Banco
Mundial al respecto, aunque
el comercio de emisiones se
dobló el año pasado,
tan sólo el 13% de estas
inversiones del sector privado
fue a parar a países
en vías de desarrollo.
Sin embargo,
el proyecto deja sin respuesta
alguna de los anteriores “agujeros”
del Mecanismo de Desarrollo
Limpio. El colectivo Ecologistas
en Acción cuestiona que
los proyectos que se implanten
en esos países pobres
se ajusten más a sus
necesidades que a las del exportador,
ya que el mecanismo se regula
en función de los intereses
económicos de los donantes.
Además, asegura, “está
por ver la capacidad de los
gobiernos de los países
en vías de desarrollo
para obtener proyectos adecuados
y soportar la presión
de las multinacionales”.
La ONG ecologista Greenpeace
denuncia a su vez que a menudo
los proyectos “van mucho
más allá de apuntarse
unas reducciones de emisión,
sino que persiguen sencillamente
la venta de tecnología
no deseada bajo el paraguas
de este mecanismo”.
El Fondo de
Desarrollo Comunitario de Carbono
es una iniciativa con luces
y sombras. Probablemente contribuya
a la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero, pero no deja de
ser una medida posibilista a
la que se acojan países
y empresas del mundo desarrollado
para suplir la ausencia de una
voluntad real de lucha contra
el cambio climático en
cumplimiento de los acuerdos
del Protocolo de Kyoto. Circunstancia
aún más preocupante
si recordamos las conclusiones
del segundo informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC): “el
cambio del sistema energético
mundial hacia tecnologías
de baja emisión de carbono
ha de hacerse de manera inmediata”.
Antonio Pita
Periodista
Agencia de Información
Solidaria
pitajim@terra.es
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