| El gobierno boliviano
está desarrollando una política
contraria y nociva a la preservación
ambiental, a la biodiversidad y a la
conservación de las áreas
protegidas, denunció el Foro
Boliviano sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo (FOBOMADE).
De manera sistemática, diversas
reparticiones estatales están
atentando contra el medio ambiente.
Unas, cediendo a intereses de las
transnacionales del petróleo
y gas, están elaborando proyectos
de ley y decretos, que abren de par
en par las puertas de las áreas
protegidas y los territorios indígenas
para la explotación hidrocarburífera.
Simultáneamente, otras dependencias
públicas han procedido a recortar
al mínimo el presupuesto y
los fondos con los que opera el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), guardián de estas
regiones consagradas a preservar la
biodiversidad y la riqueza natural,
mientras paralelamente se ha procedido
a reducir al mínimo el pago
de la patente forestal, facilitando
la irracional explotación de
maderas y bosques.
"Con este panorama resulta evidente
que las políticas gubernamentales
tienen muy poco de ambientales. Sin
embargo, con la mayor hipocresía,
los partidos de gobierno esperan aprobar
la propuesta de Ley de Áreas
Protegidas, que es más bien
la propuesta de legalización
de actividades petroleras en estas
áreas. Con ello intentarán
distraer a la Cooperación Internacional
pretendiendo mostrar hipócritamente
que Bolivia conserva y protege su
ambiente y sus áreas protegidas",
dijo el presidente de FOBOMADE, Gabriel
Herbas.
Leyes antiecológicas
Sobre las áreas protegidas,
FOBOMADE considera que la acciones
gubernamentales están creando
mayor inseguridad y riesgos ambientales,
priorizando por encima de toda consideración
ambiental, los intereses petroleros.
"La inseguridad jurídica
con la que se manejan estas áreas
se debe principalmente a la injerencia
de leyes sectoriales cuyos objetivos
en muchos casos son contrarios a la
existencia de áreas protegidas".
Este es el caso, por ejemplo, de
la propuesta de ley del Comité
de Recursos Naturales de la Comisión
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
de la Cámara de Diputados,
que garantiza las actividades petroleras,
asignando una patente por operaciones
en áreas protegidas. "Esto
no tiene ninguna base jurídica,
ya que las petroleras no tienen derechos
en áreas protegidas, puesto
que la mayoría fueron creadas
con anterioridad a la Ley de Hidrocarburos
y en las diferentes normas de creación
(leyes y decretos) se ha establecido
que las actividades petroleras no
son compatibles con la gestión
de las áreas", aseguró
Herbas.
Presiones sobre indígenas
Paralelamente, según FOBOMADE,
las dependencias del Ministerio de
Energía e Hidrocarburos y del
Ministerio de Desarrollo Sostenible
estarían presionando a las
organizaciones indígenas para
la aprobación del Reglamento
de Operaciones Petroleras en territorios
indígenas.
"Este proyecto de reglamento
que ya debe tener unas 12 versiones
desde 1996, fue concebido originalmente
para minimizar los impactos de las
actividades petroleras en las tierras
comunitarias, garantizando amplios
procesos de consulta y mecanismos
de resolución de problemas
y conflictos en territorios indígenas.
Sin embargo, versión tras versión,
el reglamento se ha ido reduciendo
hasta la versión actual, donde
se considera a los pueblos indígenas
como ciudadanos de segunda categoría.
Los derechos que todos los habitantes
de este país tenemos establecidos
en la Ley de Medio Ambiente, tales
como derechos a la información
oportuna, a ser consultados y/o rechazar
los estudios de evaluación
de impacto ambiental o las actividades
que sean contrarias a la conservación
del ambiente y los recursos naturales,
a presentar denuncias y ser debida
y oportunamente atendidos, son reducidos
para los pueblos indígenas
a la entrega de un capítulo
de los estudios de evaluación
de impacto ambiental, capítulo
en el que ni siquiera se explicará
la actividad que deberán tolerar
y en caso de desacuerdo, igual se
otorgará la licencia ambiental
(permiso para realizar actividades
con impacto ambiental) a la empresa
solicitante".
Todo para las petroleras
Las acciones contrarias al medio
ambiente también se detectan
en un tercer decreto que está
siendo gestionado por el Ministerio
de Hidrocarburos, conjuntamente el
Ministerio de Desarrollo Sostenible.
"Se trata del Reglamento de
Coordinación Interinstitucional
para Desarrollar Actividades Petroleras
en Áreas Protegidas. Este proyecto
de decreto, de manera contradictoria
con la Ley de Medio Ambiente, entre
otros aspectos, otorga competencias
al Ministerio de Hidrocarburos inclusive
para la declaración de Áreas
Protegidas, para aprobar instrumentos
de planificación, como son
los planes de manejo, zonificacion
y otros. Establece que cuando ambos
viceministerios no lleguen a acuerdos
será el Consejo Nacional de
Política Económica y
Social (CONAPES) la instancia que
dirima y obligue al Viceministerio
en desacuerdo a aceptar la decisión
tomada. Todo ello complementado por
el silencio administrativo pasado
el plazo de 10 días. El silencio
administrativo establece que cuando
una instancia de gobierno no se pronuncia
sobre algún aspecto, este queda
automáticamente aprobado. Este
mecanismo es frecuentemente utilizado
en la aprobación de licencias
ambientales, no solo por la falta
de recursos humanos para continuar
los procedimientos, sino también
como parte de políticas estatales
para viabilizar y priorizar actividades
de determinados sectores económicos
y de poder", advierte el FOBOMADE.
Más abusos
Una cuarta acción en contra
de la biodiversidad, la preservación
ambiental y la ecología se
ha dado con la aprobación del
Decreto No 27024 del 6 de mayo del
2003, que establece la reducción
de la patente forestal definida en
la Ley Forestal. El Decreto reduce
la patente al pago sobre la superficie
del área anual aprovechable
(la ley establece que la patente es
sobre el área de concesión)
y una nueva tarifa en base a los costos
administrativos del área aprovechada
(la Ley establece el pago de un dólar
por hectárea de concesión).
Según FOBOMADE, el contenido
de este decreto ya fue rechazado por
los sectores campesinos y la sociedad
civil durante la anterior administración
gubernamental por considerar que estaba
vulnerando la Ley Forestal, favoreciendo
en exceso a las empresas madereras
y debilitando la escasa capacidad
de fiscalización y control
de la Superintendencia Forestal.
"Los informes de la Superintendencia
Forestal muestran que hasta el año
2002 el monto en mora por el no pago
de patentes de las concesiones forestales
ascendía a 9 millones de dólares,
y ahora, con la aprobación
del proyecto de ley, bajo la forma
de decreto, se incentivará
a las empresas que no cumplieron sus
obligaciones, cuando lo que corresponde
es la reversión de la concesión".
"Al eliminar la patente sobre
áreas no aprovechadas manteniendo
el derecho concesional, se establecen
formas de sentar principio de propiedad,
sin aprovechamiento forestal utilizando
la figura de la concesión",
advirtió el presidente de FOBOMADE,
quien cree que todas estas políticas
están orientadas a favorecer
los intereses económicos de
las empresas petroleras y madereras
en desmedro de la biodiversidad, el
medio ambiente y los intereses de
los pueblos indígenas y originarios.
17 de Julio de 2003
Fuente: 
PÁGINAS
RELACIONADAS: 1-
2
- 3
|
cargando el contenido
