El secretario
de medio ambiente y un tema polémico.
Así como está planteado,
el acuerdo para que nuestro país
le construya a Australia un reactor
nuclear es inconstitucional."
Esa es la opinión del titular
de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Nación,
Carlos Merenson. En una charla, el
funcionario aclaró que no está
en desacuerdo con el proyecto en general,
sino con la posibilidad de que la
Argentina esté obligada a recibir
residuos nucleares una vez que el
acuerdo esté totalmente aprobado.
Merenson no está solo en su
posición. Los encargados de
la problemática ambiental de
las provincias argentinas y de la
ciudad de Buenos Aires, que forman
el Consejo Federal de Medioambiente
(COFEMA), tampoco quieren que el país
abra sus puertas a los residuos nucleares
que se generen por la puesta en marcha
del reactor en Australia, a partir
de 2006.
La construcción del reactor
nuclear para Australia viene generando
una fuerte polémica. En enero
de 2000, la empresa argentina INVAP
—una sociedad del Estado perteneciente
a la provincia de Río Negro—
había acordado la construcción
con la Organización de Ciencia
y Tecnología Australiana (ANSTO).
Pero este acuerdo incluye que el proceso
de acondicionamiento de los combustibles
quemados en el reactor se pueda hacer
en la Argentina, una cláusula
que tampoco aceptan unas 60 organizaciones
ambientalistas, como Greenpeace, Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, la
Red Nacional de Acción Ecologista
(Renace), entre otras.
El acuerdo fue aprobado por el Senado
argentino en octubre del año
pasado, y se encuentra a consideración
de la Cámara de Diputados.
Merenson insistió: "Estamos
de acuerdo con el desarrollo tecnológico
del país, pero no al precio
de violar la Constitución Nacional.
Dentro de la ley todo; fuera de la
ley, nada".
El funcionario nacional y los integrantes
del COFEMA ya sugirieron a Diputados
que se incluya una cláusula
de reserva en el convenio con Australia
por la cual "se garantice el
no ingreso del material sujeto a reprocesamiento".
Basan la sugerencia en lo que dice
la Constitución Nacional. En
el artículo 41 se "prohíbe
el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos".
A Merenson no sólo le preocupa
el acuerdo por el reactor nuclear.
"El ambiente (en la Argentina)
no está debidamente cuidado".
Y dijo que tiene varios planes "que
conjugan desarrollo económico,
calidad ambiental y equidad social".
Uno de esos proyectos es el programa
social de bosques, que espera la aprobación
del Ministerio de Economía.
Consiste en dar insumos y capacitación
a municipios, provincias y organizaciones
no gubernamentales para aumentar la
plantación de árboles.
"La meta es forestar anualmente
200 mil hectáreas en los próximos
20 años". Y para enfrentar
la desertificación, con el
aporte de la Cooperación Técnica
Alemana, se invertirá 1,5 millón
de dólares en los próximos
3 años.
Merenson agregó que hay otros
problemas que los legisladores argentinos
deberían tratar. "Falta
que se sancione una ley sobre bioseguridad
de los organismos genéticamente
modificados y otra sobre residuos
peligrosos, para evitar la superposición
de normativas".
30 de mayo de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
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