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| Parque
Pilón de Lajas |
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| Parque
Madidi |
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Durante las dos últimas semanas,
de manera muy apresurada, el Comité
de Recursos Naturales de la Cámara
de Diputados se encuentra organizando
talleres departamentales con el fin
de analizar el proyecto de Ley de Áreas
Protegidas.
Como el documento en consulta no
fue difundido previamente y la convocatoria
a las organizaciones de la sociedad
civil fue realizada con muy poca anticipación,
en algunas ciudades el taller estuvo
casi desierto (Tarija), mientras que
en otras la mayor parte de los asistentes
eran funcionarios de la Prefectura
(Trinidad, Potosí).
En Santa Cruz y Cochabamba la reacción
de las organizaciones indígenas
y campesinas fue muy enérgica,
llegando a suspender el evento en
esta última ciudad. En general
los cuestionamientos y/o rechazo se
debieron, no sólo por la desinformación
con que fueron organizados los talleres,
sino al comprobar que se pretende
legalizar el ingreso de empresas petroleras
y mineras en áreas protegidas
donde no existen tales actividades
como son la Reserva de la Biosfera
y Territorio Indígena Pilón
Lajas, el Parque Amboró y el
Madidi, mientras no se legisla nada
sobre los dramáticos impactos
ambientales y sociales que esas actividades
están causando en las áreas
en que están operando.
La reacción llegó al
punto que las organizaciones campesinas
de Cochabamba manifestaron que prefieren
que no existan áreas protegidas
si estas son preservadas para las
petroleras o para ser entregadas para
la extracción de madera, tal
como lo prevee el proyecto de ley.
De utilizarse el rodillo parlamentario,
el cuestionado proyecto podría
ser aprobado durante las próximas
semanas, significando un duro golpe
a la gestión de áreas
protegidas y la liquidación
de proyectos de uso sustentable de
la biodiversidad, como la Empresa
de Ecoturismo Indígena Mapajos
en la Reserva y Territorio Indígena
Pilón Lajas, los proyectos
comunitarios de ecoturismo en el Parque
Amboró (La Chonta, Mataracú,
Villa Amboró) y otros en la
Reserva Eduardo Abaroa y en el Parque
Sajama y en todas las áreas
protegidas de Bolivia.
La gestión de las áreas
protegidas enfrenta una serie de conflictos
porque las empresas petroleras acuden
a los más altos niveles de
gobierno para hacer aprobar proyectos
de exploración sísmica,
tendido de ductos y explotación
petrolera dentro de áreas protegidas
y territorios indígenas, tratando
de reducir al mínimo el cumplimiento
de las exigencias ambientales y sociales
y sin respetar los planes de manejo
y zonificación. A ello se suma
la otorgación de concesiones
mineras ligadas al poder político.
Probablemente por este clima de inseguridad
jurídica, el Servicio Nacional
de Areas Protegidas SERNAP inició,
durante el año 2001, el proceso
de elaboración de un proyecto
de ley específico.
Luego del cambio de gobierno, el
proceso pasó a manos del Comité
de Recursos Naturales de la Comisión
de Desarrollo Sostenible de la Cámara
de Diputados, a cargo de la Honorable
Alejandra Sánchez de Lozada,
quién desechando el proceso
anterior, contrató un nuevo
consultor y conformó un "Petit
Comité" donde unas cuantas
personas realizaron discusiones a
puerta cerrada.
El proyecto de ley establece la legalidad
de esas actividades en áreas
protegidas, con excepción de
zonas núcleo, parques y santuarios.
Sin embargo, también prevee
la readecuación y recategorización
de todas las áreas protegidas
para su homologación mediante
ley. Lo anterior implica que los parques
nacionales donde existe interés
petrolero podrán ser recategorizados
para permitir el ingreso de esas actividades.
Este sería el caso de los parques
Amboró y Madidi. En las otras
categorías, solamente se protegerían
pequeñas áreas denominadas
zonas núcleo establecidas mediante
un procedimiento denominado zonificación
(a definirse mediante decreto), el
cuál podrá reducirlas
a pequeñas islas de conservación.
Este es el caso de Pilón Lajas,
una de las más importantes
áreas protegidas de la región
andino amazónica de Bolivia,
que forma parte del corredor ecológico
Vilcabamba (Perú)- Amboró
(Bolivia). Es claro que de aprobarse
el proyecto de ley uno de los primeros
resultados será la aprobación
del proyecto de sísmica de
la Petrobras en esta Reserva de la
Biosfera y Territorio Indígena,
cuya licencia ambiental se encuentra
en el despacho de la Viceministra
de Medio Ambiente para su aprobación.
Para la exploración sísmica
se trazan líneas rectas de
1.5 a 4 m de ancho sin importar que
atraviesen bosques, ríos, cultivos,
o poblados, donde se retira la cubierta
vegetal o lo que se encuentre en ellas,
con el fin de ubicar estructuras geológicas
de almacenamiento de hidrocarburos,
mediante equipos detectores. Además
deben construirse caminos, helipuertos,
campamentos, áreas de almacenaje
de material y equipos, causando la
deforestación en extensas áreas
de bosque, vertido de contaminantes
en ríos, suelos y aire, impactos
a la fauna del lugar y sobre todo,
perturbaciones a las poblaciones de
estos territorios, las que deben tolerar
en sus comunidades, campamentos, generalmente
de trabajadores extraños del
lugar, quienes cazan, pescan, producen
basura en grandes cantidades y ruido;
presionan sobre los servicios de agua,
salud y comunicación, generan
falta de seguridad ciudadana por el
incremento del expendio de bebidas
alcohólicas y disturbios.
La mayoría de las normas,
decretos y leyes de creación
de las áreas protegidas prohíben
expresamente la realización
de actividades nuevas de explotación
de hidrocarburos, minería y
madera, por ser consideradas ajenas
a los objetivos de conservación.
Por lo tanto, a pesar que las leyes
sectoriales de hidrocarburos y minería
han definido estas actividades como
prioridad nacional, la aprobación
de licencias ambientales no está
garantizada y ha sido fuertemente
cuestionada por organizaciones ecologistas,
sociales y comunidades locales. Esto
fue muy claro, cuando el 2001 todo
el departamento de Santa Cruz y numerosas
instituciones nacionales protestaron
en contra de la aprobación
de la licencia ambiental para la empresa
Andina (Amoco), que pretendía
ingresar al Parque Amboró.
En este parque operan proyectos y
operadoras de ecoturismo, albergues,
proyectos de investigación
y capacitación que hacen del
mismo una de las áreas de conservación
más promovidas e importantes
de Santa Cruz. Esa movilización
logró que el Ministerio de
Desarrollo Sostenible desista de permitir
el ingreso de la petrolera. De aprobarse
el proyecto actual, el Ministerio
no volvería a rechazar el proyecto.
Pero el proyecto de ley no solo legaliza
las actividades petroleras, mineras
y madereras en las áreas protegidas,
sino que coloca a los "usuarios"
de estas actividades en los Comités
de Gestión, como "actores
de la gestión de Áreas
Protegidas", olvidando que son
precisamente estas actividades y las
empresas que las realizan las principales
causantes de los problemas de contaminación
y degradación allí donde
operan.
Complementado con lo anterior, el
proyecto de ley ha reducido al absurdo
las competencias del SERNAP, que ya
no sería más la Autoridad
de Áreas Protegidas, sino un
órgano operativo orientado
a decomisos y sanciones.
Otro de los aspectos fuertemente
cuestionados del proyecto, es que
para sus autores la biodiversidad
es un asunto de flora, fauna y microorganismos.
Han olvidado que las leyes vigentes
en el país definen que la biodiversidad
tiene un componente "intangible",
que se refiere a los conocimientos
colectivos o valor cultural asociado.
Esas mismas leyes reconocen la tuición
de las comunidades locales sobre este
componente, pero para los promotores
del proyecto de ley parece que las
actividades y empresas que degradan
y destruyen las áreas protegidas
son los actores fundamentales de su
conservación.
25 de agosto de 2003
Fuente: FOBOMADE
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente
y Desarrollo
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