Fue descubierta
donde debería instalarse el
reactor que la firma INVAP le vendió
a Australia.
A la ya histórica polémica
sobre la venta de un reactor nuclear
de la empresa argentina INVAP a Australia
se le sumó un nuevo capítulo.
Y esta vez, bastante preocupante:
ayer, el ente australiano de control
nuclear informó a la prensa
internacional que deberá realizar
nuevos estudios de factibilidad debido
al descubrimiento de una falla sísmica
en el lugar donde deberá instalarse
el reactor.
El reactor que construye el INVAP
en Bariloche debería reemplazar
en 2005 al de Lucas Heights, ubicado
al sur de Sydney, que es de origen
británico y funcionó
durante 44 años pero ya está
obsoleto.
La novedad parece que no tomó
por sorpresa al presidente de INVAP,
Héctor Otheguy, quien dijo
ayer que "estos son estudios
de rutina y que en todo caso se analizará
dónde ubicar el reactor".
Aun así el hallazgo no deja
de ser un balde de agua fría
para INVAP. La firma de Río
Negro que está construyendo
a toda máquina el nuevo reactor
había logrado en julio de 2000
firmar el acuerdo de venta luego de
ganar una dura licitación internacional.
INVAP dejó de perdedores nada
menos que a la alemana Siemens, la
canadiense AECL y la francesa Technicatome.
Australia, según contrato,
deberá pagar 180 millones de
dólares, una cifra importante
para INVAP, teniendo en cuenta que
es una exportación de un trabajo
del área tecnológica,
y en el marco de una grave situación
socioeconómica.
En la propuesta comercial INVAP debió
dejar aclarado entonces que se haría
cargo del tratamiento de los residuos
radiactivos del reactor. INVAP firmó
esa cláusula, ganó la
licitación, y empezó
a construirlo, pero también
comenzaron los conflictos.
Los ecologistas de Greenpeace denunciaron
a la opinión pública
la cláusula de recepción
de residuos y acusaron a INVAP de
manejarla en secreto. La autoridad
nuclear argentina, luego se supo,
había dado el visto bueno a
la operación.
Campaña opositora
En las últimas semanas Greenpeace
y otras entidades agudizaron su campaña
de denuncia y llegaron a movilizar
a los vecinos de Ezeiza contra la
importación de residuos nucleares,
debido a que los mismos, eventualmente,
podrían ser tratados en el
Centro Atómico de esa localidad.
A esto INVAP responde que los residuos
podrían llegar a tratarse en
Francia, donde los australianos estuvieron
tratando los de la planta británica
que decidieron desactivar.
El punto más flojo del acuerdo
comercial es que el artículo
41 de la Constitución argentina
prohíbe la importación
de residuos radiactivos. El año
pasado expertos en derecho constitucional
se sumaron a la polémica. Unos
decían que el acuerdo violaba
la Carta Magna; otros decían
que no.
Pero Greenpeace no es el único
que pone reparos al acuerdo. Hace
pocos días, el secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Argentina, Carlos Merenson,
en un reportaje señaló
que acordaba con la operación
pero que si eso significaba traer
al país residuos radiactivos
se violaría la Constitución.
La polémica también
había llegado el año
pasado al Congreso. El Senado ya dio
su acuerdo a la operación,
aparentemente sin entrar a considerar
a fondo el trata miento de los residuos.
Pero el trámite de aprobación
quedó trabado en la Cámara
de Diputados. A la fecha, muchos diputados
se muestran renuentes. Integrantes
del COFEMA, que nuclean a los ministros
provinciales de medio ambiente, sugirieron
a Diputados que se incluya una cláusula
de reserva en el convenio por la cual
"se garantice el no ingreso del
material sujeto a reprocesamiento".
La oposición a la operación
de INVAP no se da sólo en estas
tierras. En Australia, los defensores
del medio ambiente y algunos políticos
piden ahora el inmediato cierre de
la planta al sur de Sydney a partir
del hallazgo de la falla sísmica.
Esto renovará la campaña
de los ecologistas contra la Organización
Australiana de Ciencia y Tecnología
Nuclear, que en el último año
había recibido numerosas presiones
para cancelar el acuerdo con los argentinos.
"Debemos examinar la falla para
determinar sus dimensiones y edad",
dijo ayer a la prensa el director
de la Agencia de Seguridad Nuclear,
Don McNab. "Cuando tengamos un
informe podremos formular juicios
sobre la idoneidad del sitio, pero
eso no significa automáticamente
que el sitio no sea adecuado",
agregó.
La municipalidad de Sutherland, donde
está la planta australiana,
se unió a Greenpeace y a los
ecologistas australianos para pedir
que el acuerdo con los argentinos
sea abandonado, debido a los "inmensos
peligros" que implica.
En la Argentina, la "falla sísmica"
australiana quizá provoque
tal sacudón que obligará
a rever algunas posturas.
22 de junio de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
RELACIONADAS:1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
|
cargando el contenido
