Se discute si
convalidar el posible reingreso al
país de materiales tratados.
La Cámara de Diputados está
realizando una rueda de consultas
a diferentes especialistas sobre el
tema. Varias organizaciones ambientalistas
se oponen.
En las próximas semanas la
Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto de la Cámara de Diputados
de la Nación terminará
de definir su postura en torno del
acuerdo con Australia sobre cooperación
en los usos pacíficos de la
energía nuclear que convalidará
el contrato comercial -firmado hace
casi dos años- por el que la
empresa argentina Invap (Investigación
Aplicada) construirá un reactor
nuclear para la Organización
Australiana para la Ciencia y Tecnología
Nuclear (Australian Nuclear and Technology
Organization, Ansto).
Más de sesenta organizaciones
no gubernamentales se oponen a la
firma, porque interpretan que el texto
deja abiertas las puertas de la Argentina
a la recepción de los desechos
nucleares producidos en Australia
para su tratamiento en territorio
nacional, violándose de esta
forma el artículo 41 de la
Constitución nacional, que
prohíbe expresamente el ingreso
al país de "residuos radiactivos".
Por su parte, quienes apoyan la ratificación
del acuerdo, ven en la postura de
los ambientalistas prejuicios antinucleares
contrarios al desarrollo de una rama
de la producción de alta tecnología
en la que la Argentina se destaca
en el nivel internacional.
La historia
En junio de 1998 la Ansto llamó
a licitación para el diseño,
construcción y puesta en marcha
de un reactor nuclear para investigación
y producción de radioisótopos,
con un presupuesto de 180 millones
de dólares. Luego de un minucioso
proceso de selección, Invap
SE, empresa estatal formada por el
gobierno de Río Negro y la
Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), ganó
la licitación para construir
un reactor nuclear que reemplazará
a otro inaugurado en 1958 en Lucas
Heights, a 35 kilómetros de
Sydney.
En lo que se refiere a la exportación
de tecnología nuclear, Invap
cuenta con varios antecedentes importantes
de construcción de reactores
nucleares de investigación
en otras partes del mundo, tales como
Perú, Argelia y Egipto. Estos
casos no habían implicado ningún
tipo de importación de elementos
combustibles irradiados (ECI) a la
Argentina. Por el contrario, los contratos
previeron el almacenamiento directo
de estas sustancias en el mismo país.
El contrato firmado con Australia
sería diferente en este aspecto.
De todas formas, la no ratificación
del acuerdo por parte de la Argentina
no implica un impedimento para la
realización y puesta en marcha
del reactor, sólo dejaría
en stand-by la posibilidad de que
dentro de quince años se traten
en nuestro país los ECI de
Lucas Heights.
Esperar y ver
El punto conflictivo está
plasmado en el artículo 12
del acuerdo binacional, donde se expresa
que la Argentina asegurará
el procesamiento fuera de Australia
del combustible irradiado por el reactor.
Luego de realizado este proceso todo
el combustible acondicionado y todos
los desechos radiactivos resultantes
podrán regresar a su país
de origen para su almacenamiento.
Esto supone la posibilidad del envío
de combustible gastado del reactor
para su acondicionamiento en la Argentina,
en el hipotético caso de que
la compañía francesa
(Cogema), que se ocupa de esta tarea
en la actualidad, dejase de hacerlo
cuando deban ser tratados estos combustibles
(aproximadamente en 2017).
Los opositores al acuerdo, representados
en la comisión de diputados
por Rubén Giustiniani y Carlos
Raimundi, alertan acerca de que el
acuerdo estaría aprovechando
el vacío legal que hay en la
Argentina con respecto al tratamiento
de los residuos nucleares. La ley
nacional 25.018 sobre el Régimen
de Gestión de Residuos Radioactivos,
promulgada en octubre de 1998, preveía
la elaboración de un Plan Estratégico
de Gestión de Residuos Radiactivos,
que fue preparado por la CNEA, pero
nunca fue aprobado por el Poder Ejecutivo
Nacional, de manera que todavía
no hay una política de Estado
definida sobre el tratamiento de los
residuos radiactivos en la Argentina.
Por este motivo no se procesan esas
sustancias en el país, sino
que son almacenadas. En eso consiste
la doctrina del wait and see (esperar
y ver) que se sigue a nivel local,
como en la mayoría de los países
del mundo en este momento.
La controversia
Luego de que Invap inició
la construcción del reactor
nuclear a principios de abril de este
año, en la Argentina comenzó
a discutirse en la Cámara de
Diputados de la Nación la ratificación
del acuerdo entre los dos países,
suscripto en agosto de 2001 en Canberra,
Australia. El texto había sido
aprobado por los senadores en noviembre
del año último en una
votación sobre tablas, sin
discusión en comisiones.
Dada la complejidad del tema, los
diputados decidieron iniciar una ronda
de consultas a diferentes especialistas
que pudieran echar luz sobre el documento
cuestionado.
25 de junio de 2002
Fuente: 
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