Varios legisladores
se sienten presionados por la opinión
pública y quieren posponer
su tratamiento. Según las organizaciones
ambientales, una cláusula viola
la Constitución. La empresa
rionegrina Invap defiende la mayor
exportación tecnológica
llave en mano.
Podría ser postergada durante
los próximos meses, y quizás
hasta después de las elecciones,
la votación del acuerdo de
cooperación nuclear con Australia
en la Cámara de Diputados,
ya que la Comisión de Relaciones
Exteriores no termina de fijar su
posición. Los legisladores
se quejan de las presiones recibidas
por las campañas de ambientalistas
que difunden sus teléfonos
y de la gente que les envía
mails, a razón de miles por
día.
La cuestión central gira en
torno de la aprobación o el
rechazo del acuerdo de cooperación
nuclear con Australia para la construcción
de un reactor nuclear que reemplazará
al de Lucas Heights, en Sydney, por
parte de la empresa argentina Invap,
que ganó la licitación.
El acuerdo no demoraría la
construcción, que comenzó
hace tres meses.
Tras haberse firmado el contrato,
en 2000, se conoció una cláusula
por la que el país que construya
el reactor deberá hacerse cargo
del acondicionamiento del combustible
gastado, si el contratante se lo pide.
Esta cláusula es objetada por
los legisladores que votan en contra
y por las ONG ambientales, que la
consideran inconstitucional.
Como la Constitución argentina,
reformada en 1994, en su artículo
41 prohíbe expresamente el
ingreso en el territorio nacional
de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos,
el debate se centra en la definición
de combustible irradiado, en su potencial
radiactividad y en lo que ocurra con
él en el momento de necesitarse
su acondicionamiento.
Desde 1998 existe una ley de residuos
radiactivos, la 25.018, que plantea
la necesidad de reglamentar la gestión
de residuos en el país, lo
que aún no ha ocurrido y, según
algunas de las fuentes consultadas,
"deja abierta una ventana para
el ingreso de la Argentina en el negocio
del procesamiento de combustible para
terceros".
La construcción del reactor
es celebrada por la industria nuclear,
que ve una posibilidad de crecimiento
para la exportación de su tecnología.
Javier Otheguy, gerente general de
Invap, defendió el proyecto.
En la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, su titular,
el ingeniero Carlos Merenson, se opone
al acuerdo: "Estamos de acuerdo
con el desarrollo tecnológico
del país, pero no al precio
de violar la Constitución.
Dentro de la ley, todo; fuera de la
ley, nada".
Los integrantes del Consejo Federal
del Medio Ambiente (Cofema) ya sugirieron
a Diputados que se incluya una cláusula
de reserva en el convenio con Australia,
por la que se "garantice el no
ingreso del material sujeto a reprocesamiento",
basándose en el artículo
41.
La Comisión de Relaciones
Exteriores no tiene plazo prefijado
para expedirse, ya que los acuerdos
no tienen vencimiento. Quizá
por eso, o porque priorizan otros
temas, muchos de sus integrantes no
respondieron a la requisitoria. "La
dinámica política tiene
otras urgencias ahora", concluyó
una fuente del bloque justicialista.
"Durante el gobierno de De la
Rúa se gestó el contrato,
se lo firmó y luego hubo este
acuerdo. A la hora de definirse, en
vez de presionarlos a ellos, las ONG
nos apuntan a nosotros", dijo
el asesor de un diputado del PJ.
Lo cierto es que, según el
relevamiento publicado en Internet
por Greenpeace (www.greenpeace.org.ar),
de los 37 legisladores de la comisión
la mitad está indecisa.
.
"Es impecable"
El diputado justicialista Adrián
Menem defiende el sí con idénticos
argumentos que los esgrimidos por
su padre, el senador Eduardo Menem,
en ocasión de la aprobación
del acuerdo en el Senado, en noviembre
último. "Estoy decididamente
en favor. Constitucionalmente, este
acuerdo es impecable y no genera ningún
reparo", dijo. Agregó
que este negocio significa 180 millones
de dólares para el país,
que no se lo debería objetar
y que de las exposiciones de especialistas
del Invap surge su convencimiento
de cómo votar.
Respecto de lo que podría
hacer la Argentina con los combustibles,
adujo que el problema sólo
se presentaría en 2016. Menem
se mostró partidario de que
cada uno "vote a conciencia,
si hay opiniones divididas".
También opinó que es
conveniente que se vote cuanto antes.
En las oficinas del presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores,
el justicialista sanjuanino Jorge
Escobar, un asesor se quejó
de la presión de las ONG ambientales."La
campaña de Greenpeace está
fuera de lugar y desinforma; acá
no se plantea un basurero nuclear",
dijo.
No rotundo
La posición del bloque de
ARI es la única homogénea
y se define por el no. "Con este
tratado, la Argentina puede sufrir
consecuencias negativas, al colocarse
en el papel de procesador de residuos
para terceros, un papel cuestionado
que hoy cumplen Inglaterra y Francia",
enfatizó Carlos Raimundi, diputado
de ARI por Buenos Aires. "Cuando
un convenio tiene cláusulas
confidenciales, no es el mejor, y
en este contexto las cosas no están
transparentes."
Raimundi agregó que la diferenciación
entre combustible gastado y residuo
nuclear es muy difusa, ya que está
sujeta al aprovechamiento ulterior
(terminado el ciclo, si es procesado,
acondicionado o reprocesado). "No
me opongo a la producción nuclear
ni de radiosótopos de uso médico,
pero la Constitución es clarísima
y no está sujeta a interpretación."
Para él, el acuerdo podría
modificarse en esa cláusula
o bien devolverse al Ejecutivo para
ser reformulado y entonces sujeto
a votación
El socialista Rubén Giustiniani,
del interbloque Alternativa, es tajante:
"Se nos pide que habilitemos
un contrato que nadie conoce. Entonces
no, porque es anticonstitucional y
porque no creo conveniente que la
Argentina ingrese en el negocio de
acondicionar los desechos radiactivos
de terceros, cuando antes pudo exportar
tecnología sin necesidad de
hacerlo", afirmó.
"Radiactivo sí, pero
no un residuo"
"Otros tiempos, otras urgencias
políticas y económicas,
hacen que no haya confianza en que
el tratamiento del acuerdo vaya a
ocurrir pronto, aunque así
lo queremos. Seguiremos tratando de
informar y asesorar a quienes estén
interesados en esta exportación
tecnológica." Esto anticipa
Héctor Otheguy, gerente general
de Invap, la empresa que construye
el reactor en Australia.
Otheguy explicó qué
sucedería si no fuera aprobado
el acuerdo bilateral. "El 13
de este mes se cumplieron dos años
de la firma del contrato y el reactor
ya está en construcción.
Si bien estrictamente no están
vinculados acuerdo y contrato, el
proyecto se puede ver afectado por
la señal negativa desde el
Congreso. Esto podría crear
incerteza en la oposición política
australiana y redundaría quizás
en demoras o que se paralizara el
proyecto por presión de los
australianos."
-¿Por qué fue necesario
que la Argentina se hiciera cargo
del posible acondicionamiento, si
en contratos anteriores no fue así?
-Porque en esta licitación,
Australia, que no es Egipto ni Argelia,
países en vías de desarrollo,
escucha a la opinión pública,
parte de la cual se expresa en contra
de la actividad nuclear. Hay susceptibilidad
porque allí hubo explosiones
atómicas en el desierto y cerca
de allí, en Mururoa. Además,
a Australia no le conviene tratar
sus propios combustibles porque se
requiere una inversión grande
para muy poco volumen de material.
Aquí tenemos la instalación
apropiada para acondicionar el material,
que representa apenas dos tambores
de 200 litros por año.
La propuesta argentina es una posible
solución alternativa a que
sea tratado en Francia, en Cogema,
algo que ocurrirá hasta 2016.
En caso de que se decida por la Argentina,
dentro de 15 años habría
que negociar un contrato adicional
y pedir los permisos para hacerlo
acá. Pero la tendencia es a
que haya más plantas de acondicionamiento,
no menos: entrarán en ese negocio
Japón y Rusia, más cercanas
a Australia.
-¿Qué implicaría
el acondicionamiento de ese material?
-Trabajar con material que tiene
menos radiactividad que la que se
maneja en cualquiera de los 1700 lugares
del país donde se trabaja con
material radiactivo de uso médico.
Desde ya que el combustible gastado
es radiactivo, muy radiactivo, pero
comparado con fuentes de cobaltoterapia
es mucho menor. Y la Argentina no
ha tenido un accidente nuclear en
los 50 años que lleva en el
mercado. El acuerdo es legal, porque
el artículo 41 prohíbe
el ingreso de residuos radiactivos.
Acá la cuestión no es
si este combustible es radiactivo,
que lo es. El combustible irradiado
no es equivalente a residuo radiactivo,
según lo establece la Autoridad
Regulatoria Nuclear.
Miles de firmas y de mails en
contra
Las presiones que acusan algunos
legisladores -varios justicialistas
las definen como "fuera de lugar"
y otros, "insoportables"-
son ejercidas por la gente y por organizaciones
no gubernamentales de todo el país
que aducen la inconstitucionalidad.
Las ONG ya se expidieron en contra
mediante un manifiesto elaborado por
la Fundación para la Defensa
del Ambiente (Funam) y firmada por
70 ambientalistas y miles de ciudadanos.
Se suman la campaña pública
de Greenpeace, en la que se pide denunciar
públicamente a los diputados
que expresen su voto en favor del
acuerdo, y las multitudinarias marchas
convocadas en todo el país.
"Esto ha provocado la reacción
de las legislaturas provinciales,
que han dado mandato adverso a sus
diputados en Santa Fe, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Misiones, Tierra
del Fuego y Buenos Aires. Pero lo
sensato sería no darle tratamiento,
más en este contexto político",
dijo Juan Carlos Villalonga, coordinador
de la campaña nuclear de Greenpeace.
Sólo en un día se procesaron
4000 mails con destino a Diputados,
luego de que se publicó -el
día anterior- un aviso de Greenpeace.
El servidor de la Web en el Congreso
se bloqueó durante un par de
horas.
Javier Corcuera, de Fundación
Vida Silvestre, asegura que el negocio
no es tan redondo: "La mitad
del dinero queda en Australia para
la construcción del reactor.
Y no se sabe cuánto habrá
que deducir para el proceso de acondicionamiento,
si se hace en nuestro país".
26 de julio de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
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