Pescadores de La Picasa no quieren que la desagoten

Ex chacareros que vivían de sus tierras hoy son productores que se sostienen con la explotación ictícola.

Con el tono campechano que lo caracteriza, el jefe comunal de Aarón Castellanos, el pueblo-isla que resiste en el suroeste santafesino rodeado por las aguas de la laguna La Picasa, ahora advierte sobre “los efectos nefastos” que provocarán las obras hídricas diseñadas para resolver el problema de las inundaciones. “Es como sacarme la vida a mí y a la mitad de mi gente, que ahora se dedica a la pesca”, arremetió Eduardo Salleras, quien desde hace un par de años abandonó su reclamo de poner fin al anegamiento de unas ochenta mil hectáreas otrora productivas y lo canjeó por proyectos que están en las antípodas, como instalar una fileteadora de pejerrey. Mientras tanto, en la zona avanzan los emprendimientos para concretar cooperativas ictícolas y cada vez son más los antiguos productores agropecuarios que se vuelcan a la pesca comercial como una alternativa económica para seguir adelante sin dejar la zona.

“Ya es tarde. Me traen el matafuego cuando lo único que quedaron son las cenizas”, tronaba el representante político de una localidad que apenas araña los quinientos habitantes pero sufre un verdadero drama ecológico y social. Emplazado en la base suroeste de la bota santafesina, casi en el límite con Córdoba y Buenos Aires, el pueblo está rodeado por las aguas, lo mismo que otras localidades vecinas como Diego de Alvear. La queja constante de Salleras refiere al pago de indemnizaciones a los productores rurales, dueños por generaciones de las mismas tierras inundadas. O, al menos, exige una expropiación al Estado provincial.

Lo cierto es que el ecosistema de Aarón Castellanos se modificó y con él las costumbres de sus pobladores, que trocaron el auto y el tractor por la lancha y la canoa. Según los cálculos, en estos momentos hay alrededor de ochenta familias que viven de la producción pesquera, que es bastante abundante. Los datos indican que se capturan al año unas doscientas toneladas de pejerrey, una cantidad que podría cuadruplicarse en caso de existir una política de explotación directa de ese recurso natural. Lejos quedaron aquellos tiempos en que el paisaje desplegaba estelas verdes y amarillas, según el tipo de siembra estacional, una postal que fue reemplazada por un espejo de agua homogéneo de una superficie de cincuenta y dos kilómetros de largo y veinte de ancho y que se convirtió en hábitat de cormoranes, biguás y pejerreyes.

Para uno de los miembros de la comuna de Diego de Alvear , Federico Rey, la explotación de la pesca en la zona ofrece un futuro prometedor “si se logra organizar el actual descontrol” que produjo una reconversión forzada y no planificada. Sobre todo, porque la tercera parte de esa localidad de dos mil habitantes y ubicada en el sector noreste de La Picasa vive gracias a ese recurso. Allí también se está organizando una cooperativa de pescadores con asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería Industria y Comercio (Magic) de la provincia.

“Fíjese la contradicción, porque mientras que ese ministerio provincial nos ayuda a promover la pesca, desde Recursos Hídricos de la Nación nos quieren secar la laguna”, cuestiona el jefe comunal de Aarón Castellanos. La obra que planifica la Dirección de Hidráulica y que prevé desagotar las aguas de La Picasa por el arroyo Pavón hacia el Paraná, ahora volvería a modificar ese escenario y al mismo tiempo cercenaría el nuevo medio de vida que encontraron los habitantes de la zona en su duro trance de adaptación. El proyecto surgió a partir de un consenso impulsado desde Buenos Aires, sobre todo porque esa provincia considera que los anegamientos iniciales se originaron en Santa Fe y, por lo tanto, es por esa jurisdicción –recorrida por el Pavón– que debe encauzarse el agua hacia el Paraná .“En realidad, Santa Fe es la que no resolvió el problema rápidamente, pero ahora nosotros estamos recibiendo el agua de Buenos Aires y Córdoba”, argumentó Salleras, quien consideró que llevará por lo menos 15 años más recuperar las ochenta mil hectáreas que quedaron bajo el agua y que llevará mucho tiempo que vuelvan a ser útiles para la explotación agropecuaria. Es justamente el tiempo que según el jefe comunal su gente no puede esperar porque no encontrará una actividad sustituta a la pesca mientras se restablecen los suelos.

Pérdidas anuales por 63 millones de dólares

Las pérdidas económicas directas que ocasionan anualmente las inundaciones en La Picasa ascienden a 62,9 millones de dólares, según un informe elaborado por el Centro de Ingenieros de Rosario y la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero además de los perjuicios económicos directos están los daños económicos y sociales que producen las inundaciones y que “no se ven”. Por ejemplo, por la menor actividad económica, el Estado deja de recaudar impuestos en la zona (sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sudeste de Córdoba) por cerca de 15 millones de dólares al año, un monto que alcanzaría para financiar las obras necesarias para terminar con el drama.

Con respecto al área comprometida, el estudio señala que se encuentran afectadas por anegamientos y problemas de napas 225 mil hectáreas (100 mil hectáreas por inundaciones diversas y 125 mil por el ascenso de los niveles freáticos). En rigor, de las 225 mil hectáreas con problemas, el 40 por ciento son tierras aptas para la agricultura y el resto para la ganadería.

Con respecto al perjuicio por pérdida de producción agrícola y ganadera potencial, éste sería de 48,6 millones de dólares por año. En lo que respecta a las pérdidas por la afectación de la ruta nacional 7 y la construcción de un “by pass” camionero de veinte kilómetros, se estiman pérdidas por 3,8 millones de dólares anuales. En tanto, las pérdida de tonelaje en el transporte por ferrocarril y sustitución por el camión llegarían a 5,5 millones de dólares por año. En lo que hace al perjuicio por el desvío que tiene que hacer el ferrocarril ALL (América Latina Logística - ex Buenos Aires al Pacífico) por el corte de las vías, éste alcanzaría los 5,44 millones de dólares anuales. Así, las pérdidas económicas directas ascienden a los 62,9 millones de dólares por año.

Pero además de los perjuicios económicos directos, están los daños económicos que producen las inundaciones “y que no se ven”. En ese sentido, el informe resalta las pérdidas que está sufriendo la economía argentina en general por las inundaciones en La Picasa. Por ejemplo, al verse restringida la actividad agropecuaria se ven afectados todos los sectores y actividades productivas relacionadas con el agro, como la industria de la maquinaria agrícola, la de agroquímicos, el transporte, los servicios y la exportación. También se pueden contabilizar las pérdidas que sufre el fisco por la pérdida en la recaudación que le ocasiona la menor producción, y que se estiman en 15 millones de dólares anuales que podrían usarse para las obras para terminar con las inundaciones.

18 de noviembre de 2002

Fuente: