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En respuesta a varias señales
de inquietud del gobierno de Australia
por la demora en el Congreso del acuerdo
con la Argentina sobre cooperación
en el uso pacífico de la energía
nuclear, la Cancillería procura
agotar instancias con tal de destrabarlo
en las comisiones de Energía
y de Relaciones Exteriores de Diputados,
en donde ha hallado reparos.
En especial por la influencia de
grupos ambientalistas, por un lado,
y de factores políticos, por
otro.
En sacarlo del pantano está
abocado el subsecretario de Política
Exterior de la Cancillería,
Fernando Petrella, abrumado por los
tiempos, según trascendió.
Por una razón: el canciller
Carlos Ruckauf recibió el 27
de agosto una carta de su par de Australia,
Alexander Downer, en la que expresa
su preocupación: "Sé
que grupos ambientalistas y otros
activistas han estado desarrollando
recientemente en la Argentina una
campaña intensificada contra
el acuerdo, instando a la Cámara
de diputados a rechazarlo".
Del acuerdo en cuestión, al
cual se oponen diputados de ARI así
como algunos peronistas y algunos
radicales, depende un contrato, firmado
en julio de 2000 con el gobierno de
Australia, del orden de los 180 millones
de dólares. En él, ganada
la licitación frente a ofertas
de Francia, Canadá y Alemania,
está contemplada la provisión
de un reactor nuclear de investigación
entre fines de 2005 y comienzos de
2006.
Pero la preocupación va más
allá: el reactor en sí
está considerado una prueba
piloto con miras a trascender los
mercados emergentes en esta materia,
según explicó una fuente
diplomática.
Pregunta sin respuesta
Ruckauf se reunió con Downer
el 13 de septiembre en Nueva York.
A un párrafo de la carta no
pudo responderle con certeza. Es un
pedido concreto: "Su evaluación
de las perspectivas de una pronta
aprobación por los diputados".
Y, punto y seguido, una inquietud:
"Sería motivo de inquietud
para mí cualquier demora futura
en la consideración del acuerdo
en el Congreso argentino", dice.
En Australia el acuerdo fue aprobado
el 16 de mayo por el parlamento; en
la Argentina tiene, desde noviembre
de 2001, la sanción del Senado.
En la Cancillería no se evalúan
plazos, pero, al parecer, noviembre
o diciembre sería el límite
para la virtual aprobación.
Si no, ven peligrar tanto la palabra
empeñada como el acuerdo en
sí. O, al menos, su trama legal.
A oídos de los diputados que
no están de acuerdo con él
han llegado las objeciones del grupo
ambientalista Greenpeace, temeroso
de que la empresa Invap, a cargo de
su ejecución, importe residuos
nucleares y, de ese modo, promueva
un foco peligroso. También
han llegado cuestionamientos por la
cláusula de confidencialidad
del contrato. Que, según la
fuente diplomática, sería
usual en esos casos.
Señales de inquietud
Ruckauf, asimismo, ha recibido varias
señales de preocupación
de Australia: desde la visita del
ministro de Ciencias, Peter McGauran,
hasta las consultas del canciller
Downer y de la embajadora en Buenos
Aires, Sharyn Jane Minahan.
Una fuente diplomática aduce,
en defensa del acuerdo, que el procesamiento
de los residuos, uno de los ítem
cuestionados por los grupos ambientalistas,
no se hará en la Argentina,
sino que estará a cargo de
una compañía francesa
y que, en principio, el proyecto emplazado
en la Patagonia ya genera fuentes
de trabajo y es una experiencia piloto
con miras a ganar mercados en Asia
y en otras regiones.
El mensaje de Petrella a los diputados
reza en términos generales:
"Si queremos seguir adelante
debemos tener el acuerdo -confió
la fuente-. Hay que fijarse quién
es nuestro socio. No estamos hablando
de un país belicoso, sino de
Australia".
En el otro extremo, los grupos ambientalistas,
de los cuales se han hecho eco los
diputados que rechazan el acuerdo,
dicen que se trata de una operación
ilegal, que el artículo 41
de la Constitución es absolutamente
restrictivo respecto de los residuos
radiactivos y que la Argentina, en
realidad, no recibirá 180 millones
de dólares, sino la mitad.
Apenas.
1 de octubre de 2002
Fuente: 
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