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| Pozo
petrolero en la zona de
Cerro Fortunoso, en el corazón
de la Payunia (Malargüe). |
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Organizaciones ambientales y científicas
se oponen a la iniciativa de poder explotar
yacimientos mineros dentro de las reservas
naturales. Al mismo tiempo, los empresarios
del sector aseguran que esa actividad
traería progreso a Mendoza y
que los eventuales daños al ambiente
se podrían reparar.
La idea de permitir la explotación
del subsuelo en las áreas protegidas
de la provincia es impulsada por empresas
mineras y por sectores políticos.
Se gestó hace tiempo y se presiona
para modificar la ley 6.045, que prohíbe
explícitamente esa actividad
en las reservas.
“La gente que propone esto y
dice que no produce contaminación
habla sin conocimiento. Todas las
etapas de la minería producen
contaminación. Hacer eso en
reservas naturales es inadmisible.
Esa es una actividad con efectos muy
negativos a largo plazo”, opinó
Jennifer Ibarra, de la Fundación
Cuyunche.
Para los empresarios del sector la
situación es distinta. Y apuntan
a que “se pueda permitir la explotación
en todos lados, cumpliendo las normas
y los controles”. “No queremos
polemizar, ni encontrarnos con posiciones
fundamentalistas. Se trata de ver
si se quiere desarrollo o no. La actividad
minera no genera depredación
y si hay un impacto se debe solucionar.
En los países desarrollados
se hace así, y hasta se hacen
lagos artificiales”, dijo Rafael
Monllor, presidente del Centro de
Mineros de Mendoza.
Aunque el tema promete ser discutido
por mucho tiempo, ya hay avances.
Un grupo de científicos del
Cricyt, por ejemplo, propuso crear
un nuevo parque provincial en el Cordón
del Plata, para resguardar la fuente
de agua dulce. El proyecto alcanzó
la media sanción, pero en el
camino se modificó la designación,
y pasó a ser “Reserva
de Usos Múltiples”. Esta
categoría deja una puerta abierta
para cualquier tipo de explotación.
Y hay quienes sugieren que el cambio
se debió a la presión
de los mineros. El tema sigue siendo
discutido en la Legislatura.
“La forma de conservación
que hemos propuesto para el Cordón
del Plata tiene sustento científico,
no es arbitrario. Por otro lado, la
actividad minera siempre tiene impacto,
por más que se pueda mitigar.
Y no se puede hacer en un área
protegida”, dijo el arqueólogo
Roberto Bárcena, que integra
el equipo del Cricyt que elaboró
el proyecto de parque provincial.
La provincia tiene 13 áreas
protegidas, que abarcan cerca del
5 por ciento del territorio total.
Algunas de las que están en
orden de prioridad para los mineros
son la Payunia (en el sur), el Parque
Tupungato y la Laguna del Diamante,
en San Carlos. El intendente de ese
departamento, Mario Guiñazú,
se molestó con la iniciativa
y con la forma en que es tratada.
“A mí nadie me consultó
nada y se manejan de espaldas a los
interesados. La reserva es algo que
no se tiene que tocar y no lo vamos
a permitir”, dijo Guiñazú.
Otro detalle que arroja sombras sobre
el manejo de las áreas protegidas
es la propiedad de las tierras. Es
que la mayoría son compartidas
entre el Estado y particulares, muchos
de los cuales las obtienen a través
de títulos supletorios. Así,
en algunos casos los dueños
no comparten la idea conservacionista
y emprenden proyectos no afines con
ese objetivo. “Algunos les compran
los títulos a viejos puesteros
y en esas tierras se genera polémica,
porque quieren hacer cualquier cosa”,
aseguró Leopoldo León,
director de Recursos Naturales. Para
León, las reservas también
pueden ser fruto de ganancias. “Hay
que ver qué genera más,
si la minería en forma intensiva
en poco tiempo o el turismo para siempre”.
Fuente: 
PÁGINAS
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