La Cámara
avanza en una solución para
que el Invap construya una central
atómica en Australia.
La aprobación del acuerdo
que da marco legal al contrato que
el Invap (Investigaciones Aplicadas,
Sociedad del Estado) firmó
con Australia para construir un reactor
nuclear en ese país puso en
la Cámara de Diputados en la
encrucijada que se intentará
zanjar antes que termine el año.
Una importante fuente parlamentaria
indicó que se está avanzando
en la búsqueda de una posición
intermedia que no implique el rechazo
del acuerdo ni su aceptación
sin condicionamientos. La salida,
gestada en la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
contemplaría una cláusula
de reserva en el convenio por la que
se garantice que no ingresarán
al país los residuos del reactor
para su procesamiento.
El diputado socialista Rubén
Giustiniani, aclaró, sin embargo,
que el tratado "se vota por sí
o por no", por lo que única
forma superar la controversia sería
que el Estado "renegocie el tratado".
El convenio, que el Senado aprobó
el año pasado a libro cerrado,
tiene giro a las comisiones de Relaciones
Exteriores y de Energía, donde
la polémica transversal que
generó en el PJ y la UCR frenó
hasta ahora la emisión del
dictamen.
La reacción negativa se funda
en una cláusula secreta del
contrato que puso en alerta a ONGs
ecologistas locales -empezando por
Greenpeace- y parte del arco político,
ya que admite que en el futuro la
Argentina tenga que encargarse del
reprocesamiento del combustible gastado
por el reactor australiano.
Quienes defienden el compromiso asumido
por el Invap sostienen que se trata
de una posibilidad única para
que la Argentina se posicione seriamente
en el mercado mundial de la energía
nuclear.
La crítica central de diputados
críticos y ecologistas es que
el artículo 12 del contrato
se opone al artículo 41 de
la Constitución, que prohíbe
expresamente el ingreso al territorio
nacional de "residuos actual
o potencialmente peligrosos y de los
radioactivos". "Aceptar
que la Argentina reciba los residuos
producidos por el reactor va en contra
de la Constitución y abriría
la puerta a un negocio altamente peligroso",
insistió Giustiniani.
Además apuntó que no
es cierto que el contrato reportará
a la Argentina 180 millones de dólares,
ya que "más de la mitad,
92 millones, son para la obra civil
que se está haciendo en Australia".
Cabe señalar que la no ratificación
del acuerdo por parte de la Argentina
no implicaría un impedimento
para la realización y puesta
en marcha del reactor, sólo
dejaría en suspenso la posibilidad
de que dentro de 14 años (en
2016) se trate el combustible gastado
en el país.
20 de octubre de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
RELACIONADAS:
1
- 2
- 3
- 4
- 5
-6
-7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
|
cargando el contenido
