Tras el naufragio
del petrolero Prestige
frente a las costas españolas
de Galicia el pasado 19 de noviembre,
se alzaron voces pidiendo ayuda
para evitar la catástrofe
ecológica. El Gobierno
conservador de Aznar se apresuró
a acallarlas confiado en que
no se cumpliría la amenaza.
Dos semanas después,
casi 200 playas gallegas se
ven afectadas, decenas de ellas
sepultadas bajo el oro
negro" y varias regiones,
además de Galicia, temen
por sus costas, mientras Francia
y Portugal se movilizan ante
el peligro de que la marea negra
les invada también a
ellos.
En muchas
ocasiones los desastres ecológicos
ocurren por casualidades, incluso
se puede hablar de infortunios,
pero hay que tener reflejos
para controlarlos a tiempo y
que sus consecuencias no sean
desorbitadas. La amenaza que
suponía el Prestige
era un hecho anunciado. Miles
de puestos de trabajo de pescadores
y marisqueros estaban en juego,
así como el hábitat
de miles de especies animales
y vegetales. Los primeros lloran
las pérdidas; los segundos
yacen bajo el peso de toneladas
de fuel. Aparte del armador,
culpable directo de la tragedia,
el Gobierno central español
y el autonómico gallego
han pasado a ser cómplices
por la desidia que ha caracterizado
su no intervención.
El presidente
de la comunidad autonómica
de Galicia pasó el fin
de semana posterior al hundimiento
del petrolero de caza a más
de 600 kilómetros del
suceso; el Ministro de Medio
Ambiente, como el de Agricultura,
Pesca y Alimentación,
desaparecidos; el Ministro de
Fomento, cazando ciervos; Aznar,
Presidente del Gobierno, todavía
no ha acudido a la zona afectada.
¿Qué tiene que
ocurrir para que los teóricamente
representantes de los intereses
ciudadanos hagan acto de presencia
en un suceso de tal magnitud?
Estas ausencias
no serían importantes
si los medios para detener la
marea negra hubieran sido efectivos
y oportunos. Miles de voluntarios
limpian las playas con recursos
caseros, sin mascarillas adecuadas
y sin la ayuda de expertos.
En Portugal el ejército
ha sido movilizado como previsión,
mientras que un destructor francés
expulsó el pasado martes
de sus aguas territoriales un
petrolero monocasco bajo bandera
de conveniencia ante el riesgo
que conlleva esta clase de barcos.
En España el único
día en que se movilizó
a personal preparado fue el
lunes 2 de diciembre ante la
visita del Rey. Posteriormente
desaparecieron. Mientras, cientos
de barcos pesqueros salen de
los puertos para recoger el
fuel que se encuentra sobre
la superficie. Las manos que
ayer lanzaban las redes para
capturar los peces hoy se manchan
intentando salvar su única
fuente de vida: el mar.
Las consecuencias
aún pueden ser mayores.
Los científicos de la
revista Science, una de las
publicaciones científicas
más importantes de Estados
Unidos, culpan al Gobierno español
por la magnitud del desastre
del Prestige. El
último número
recoge una colección
de críticas sobre su
actuación. La Universidad
de Alaska, desgraciadamente
con experiencia en este tipo
de desastres por el vertido
de 40 millones de litros de
crudo del Exxon Valdez,
asegura que el fuel del Prestige
no se quedará congelado
en el fondo del mar. Y desde
la Institución Oceanográfica
de Massachussets se advierte
que el vertido puede producir
daños cerebrales y genéticos
en los peces que podrían
durar 13 años.
La Unión
Europea, con Francia a la cabeza,
alarmada ante este desastre,
pretende redactar un protocolo
para evitar la navegación
por aguas europeas de barcos
con mercancías peligrosas
bajo banderas de conveniencia.
El Gobierno de España
parece no aprender de las desgracias
y en la actualidad son más
de diez los barcos de estas
características amarrados
en puertos españoles.
En los atentados ecológicos
que se han cometido en España
(por los petroleros Mar
Egeo y ahora el Prestige)
y en el desastre de las minas
de Azanalcollar en Doñana
en el año 1998, ha quedado
demostrado que los bienes de
todos no interesan. La incapacidad
y la desidia de la que ha hecho
gala el Gobierno español,
y en algunas ocasiones otros
países de la Unión
Europea, evidencian que la conservación
del medio ambiente está
siempre en un segundo plano.
La gaviota,
símbolo del Partido Popular
español, está
llena de fuel. En los próximos
meses habrá elecciones
municipales y autonómicas
y se verá si estos hechos
influyen en los votantes. Por
lo visto, la ecología
no entra en los planes de globalización
de las autoridades internacionales.
Las multas por los delitos ecológicos
no se pagan y las cárceles
no encierran culpables de los
numerosos ataques contra la
Tierra. Si alguien quema mi
casa exijo que me abonen los
destrozos; si alguien destruye
el mundo, ¿no habrá
que reclamar aún más?
Christian Sellés
Periodista
Agencia de Información
Solidaria
chselpes@yahoo.es
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