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Cerca
de mil barcos salieron a
faenar ayer en las Rías
Bajas, entre ellos 407 autorizados
para pescar en las rías
de Vigo, Pontevedra, Arosa
y Muros-Noya |
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El Gobierno ha cuantificado hasta ahora
los gastos de limpieza del Prestige
en 1.000 millones de euros. Son los
justificables y, por tanto, indemnizables,
y ya se han reclamado al Fondo Internacional
de Indemnizaciones por contaminación
de Hidrocarburos (Fidac) y a la aseguradora
del buque hundido. Otra partida con
números exactos es la del rescate
de la carga del barco: el estudio de
viabilidad cuesta 50 millones; si se
bombea el fuel, el Gobierno tendría
que pagar otros 230 millones y si se
opta por el sarcófago, 115.
Pero existen otros gastos que se
pueden cuantificar y no tienen compensación
económica, según la
actual legislación europea,
tal y como se recoge en un reciente
artículo publicado por la revista
de la Federación de Cajas de
Ahorros: los causados en los sectores
de la transformación, el transporte
y la comercialización. Y unos
mucho más difíciles
de encerrar en cifras, los que afectan
al patrimonio natural devastado. Técnicos
medioambientales y abogados de la
acusación consultados por ABC
estiman que estos últimos apartados
podrían engrosar la factura
del petrolero y dispararla hasta los
casi 4.000 millones de euros -el Gobierno
ya está trabajando también
en estas estimaciones.
No se ha depositado el fondo
Frente a estos millones de euros
en el aire, y con la vía de
la responsabilidad civil más
que en ciernes, las partidas más
o menos garantizadas son la procedente
de la aseguradora del buque (limitada
a 25 millones cuando se deposite en
el Juzgado el fondo equivalente) y
del Fidac, cuyo límite está
fijado en 180 millones de euros, que
se repartirían entre los tres
países afectados de forma proporcional
más una cantidad imprecisa
comprometida por el Fondo de Solidaridad
europeo. Para reclamar daños
al Fidac se creó en Galicia
una oficina, que tendrá sus
correlativas en Asturias, Cantabria
y País Vasco. El Gobierno reitera
que esta vía extrajudicial
es la más práctica para
evitar engordar la causa en el Juzgado.
Por otra parte, la acusación
tiene depositadas esperanzas en la
abultada póliza de la sociedad
clasificadora del Prestige, aunque
el proceso judicial en Estados Unidos
ni siquiera ha comenzado.
Mientras, las diligencias previas
que se siguen en el Juzgado de Instrucción
número 1 de Corcubión
podrían prolongarse todavía
más de un año. Por el
momento, está abierto el proceso
penal contra el capitán del
Prestige, Apostolos Mangouras y contra
el entramado de compañías
vinculadas al petrolero, aunque "las
sociedades no pueden delinquir"
y, por tanto, se trata de desenmascarar
a los responsables. Además,
sigue su curso la querella presentada
por la plataforma "Nunca Máis"
contra tres funcionarios por su gestión
en la crisis: el delegado del Gobierno,
Arsenio Fernández de Mesa,
el director general de la Marina Mercante,
José Luis López-Sors
y el anterior capitán marítimo
de La Coruña, Ángel
del Real, quienes declararán
como imputados entre el 26 de marzo
y el 9 de abril.
Vínculos societarios
La cuestión más espinosa
es determinar quiénes son los
responsables y, por tanto, quién
tiene que pagar esta millonaria factura
que engloba daños en los bienes
(marítimo-terrestres), gastos,
lucro cesante, e incluso daño
moral y deterioro de la imagen turística.
La maraña empresarial pasa
por al menos cuatro compañías,
todas ellas extranjeras, con posibles
"vínculos societarios"
y con un patrimonio de díficil
acceso en algún caso. El primer
intento de desembrollar este entramado
lo realizó la Abogacía
del Estado -en la actualidad actúa
en el doble papel de acusación
particular y defensa de los funcionarios
imputados- solicitando pruebas documentales
y testificales de Mare Shipping, la
propietaria del Prestige; Universe
Maritime, armadora; Crown Resources,
fletadora del barco y dueña
de la carga, ABS, sociedad de clasificación,
y otras también vinculadas
al petrolero.
Según fuentes de la Abogacía
del Estado, hasta el momento el único
implicado directamente en el caso
que ha aportado al Juzgado toda la
documentación requerida ha
sido el Ministerio de Fomento, eso
sí con considerable retraso
dada la complejidad del expediente.
En cuanto a las pruebas pedidas a
las compañías citadas
-escrituras, estatutos, capital social,
declaraciones de patrimonio y fiscales
y todos los informes relacionados
con el barco- hasta la fecha sólo
Mare Shipping, la propietaria, ha
enviado un somero informe sobre el
remolque de emergencia y ABS, el suyo,
que detalla las inspecciones que realizó.
A finales de enero, la fiscal pidió
a través de Interpol que se
averigüen los domicilios y los
propietarios de la dueña del
barco, la armadora y la rescatadora
privada (Smit Salvage) y solicitó
asimismo la creación de una
comisión rogatoria para interrogar
a los supuestos responsables en sus
países. La Abogacía
sostiene que la propietaria y la armadora
del buque son la misma empresa e intentan
levantar "el velo corporativo"
para agotar las vías de reclamación.
Uno de los abogados de la acusación
equipara la responsabilidad de armador
y fletador, ya que Mangouras en una
de sus declaraciones se refirió
a que existía un contrato "time
charter" . Según sentencia
del TS, con este tipo de acuerdo el
propietario de la carga del buque
se convierte "en verdadero empresario
de la navegación". Hasta
hace dos meses, cuando fue vendida,
el fletador dependía de Alfa
Group, un emporio multimillonario.
Con independencia del resultado del
proceso penal se abre la vía
de la responsabilidad civil (indemnizaciones),
directa en caso de condena del capitán
u otros responsables y subsidiaria,
si hubiera absolución. Y una
tercera posibilidad, también
abierta, es que alguno de los funcionarios
imputados fuera condenado, lo que
acarrearía la responsabilidad
civil subsidiaria del Estado. De momento,
la responsabilidad patrimonial de
la Administración no se ha
reclamado.
4 de marzo de 2003
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